En un movimiento que ha generado un debate significativo, la Xunta de Galicia ha aprobado cambios en la normativa fiscal y administrativa que afectan a la Ley de Protección del Paisaje. Este ajuste busca priorizar la construcción de parques eólicos y las infraestructuras necesarias para su funcionamiento, destacando así la urgencia de la transición hacia energías renovables.

La reciente legislación, conocida como la ley de acompañamiento a los presupuestos para 2026, establece una nueva disposición adicional en la Ley de Protección del Paisaje de Galicia, que declara que la instalación de parques eólicos cuenta con un "interés público superior". Esta declaración permite que los proyectos relacionados con la energía eólica sean considerados con mayor relevancia frente a las normativas de protección paisajística existentes.

Con esta medida, las autoridades aseguran que la "prioridad" será garantizar la construcción y operación de estos parques, así como el desarrollo de sus redes de evacuación. Esto significa que, al evaluar el impacto ambiental y la integración paisajística de los proyectos, se dará un peso considerable a los beneficios que estos ofrecen en términos de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático.

La nueva normativa también estipula que los parques eólicos deberán considerarse compatibles con los objetivos establecidos en las Directrices del Paisaje de Galicia. Además, se especifica que únicamente se reconocerán impactos paisajísticos críticos en situaciones muy excepcionales, donde la operación de aerogeneradores cause un daño irreversible al entorno, con la imposibilidad de restaurar las condiciones ambientales originales.

En su justificación, la Xunta destaca la necesidad de acelerar el despliegue de las energías renovables, considerando que estas son vitales para mitigar el cambio climático. Además, enfatiza la451alta de un "mandato claro" que garantice prioridad a la energía eólica, siempre que se implementen medidas adecuadas para minimizar cualquier efecto adverso.

Por otro lado, la nueva legislación también incorpora cambios en la Ley de medidas de 2024, aclarando que la presunción de interés público superior en cuanto a energías renovables se extenderá de forma indefinida hasta que se logre la neutralidad climática, afectando todos los proyectos que no tengan una autorización definitiva antes del 30 de diciembre de 2022.