En un giro significativo dentro del Partido Socialista de Galicia (PSdeG), el exdiputado Martín Seco ha tomado la decisión de presentar un escrito tanto al PSdeG como al PSOE, exigiendo el "archivo" del expediente disciplinario que se le abrió en noviembre de 2022. Seco argumenta que este expediente ha quedado "caducado tras dos años paralizado", lo que lo motiva a pedir un "resarcimiento público de su imagen y honor" ante lo que considera una injusticia.

El exlegislador, que también es portavoz del PSOE en Arteijo, en la provincia de A Coruña y un ferviente defensor del exsecretario xeral Gonzalo Caballero, ha manifestado su indignación al ver su "honor y dignidad" como militante y figura pública atacados sin justificación. Este reclamo pone de manifiesto no solo su defensa personal, sino una crítica más amplia hacia la gestión interna del partido.

El expediente disciplinario que Seco menciona fue firmado en noviembre de 2022 por el entonces secretario de Organización, José Manuel Lage, y su instructor fue el alcalde de Ames, Blas García. La razón de esta medida fue la supuesta expresión pública en la sede parlamentaria de opiniones que la dirección consideró "irresponsables" y "desleales" hacia el PSdeG-PSOE, lo que llevó a tomar acciones disciplinarias en su contra.

Las acusaciones en contra de Seco incluyen el haber "menoscabado la imagen pública del partido y su dirección política" y la de haber mantenido "actitudes y discursos impropios e inadecuados" en el contexto de un debate legislativo. Estas afirmaciones se originaron a raíz de una votación en el Parlamento de Galicia, donde, a pesar de haber criticado el texto de la Ley de áreas empresariales, Seco anunció que su grupo votaría a favor bajo instrucciones de la dirección del partido.

En un desarrollo posterior de los acontecimientos, Martín Seco argumenta que, tras la aprobación de la ley, fue el propio Gobierno de España el que cuestionó su legalidad y convocó una comisión bilateral que terminó por modificar el texto, lo que refuerza su postura de que su intervención estaba justificadamente alineada con el interés del partido.

El exdiputado insiste en que los estatutos federales del PSOE dictan que las faltas muy graves, como las que la dirección del partido le imputa, prescriben a los 18 meses. Este marco legal lleva a Seco a solicitar el archivo del expediente y una compensación pública. Además, secunda la idea de que la estrategia de "laminar a compañeros" no solo es inapropiada, sino que resulta perjudicial, debilitando al partido y afectando negativamente la democracia interna.

En un contexto más amplio, el exdiputado se refiere a la falta de cohesión dentro de agrupaciones del PSOE, especialmente aquellas de Santiago y Narón, señalando que la crisis actual del socialismo gallego no hace más que acentuar la urgencia de abordar estos conflictos internos en lugar de perpetuar la discordia.