La Xunta de Galicia ha manifestado su descontento con la gestión del Ministerio de Sanidad respecto al tema de Muface, tachando de "frivolidad" el tratamiento que se le está dando a la situación actual. Se considera que es posible absorber a los mutualistas en la sanidad pública, pero con serias reservas sobre la viabilidad de esta medida.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Nov.

En la actualidad, más de 63.000 gallegos se encuentran a la espera de saber qué ocurrirá con Muface, tras la decisión de las tres compañías aseguradoras —Adeslas, Asisa y DKV— de no participar en la reciente licitación del concierto para ofrecer atención sanitaria, lo que ha generado incertidumbre desde principios de noviembre.

La memoria anual de Muface de 2023, un organismo bajo el Ministerio de Función Pública, señala que en Galicia hay un total de 101.300 afiliados. De estos, 63.100 dependen de las aseguradoras mencionadas, mientras que el resto obtiene su cobertura a través de la Seguridad Social. Adeslas encabeza la lista de las aseguradoras, atendiendo a 50.705 afiliados, seguida por DKV con 10.375 y Asisa con 2.019.

Con estos datos, Galicia se sitúa como la sexta comunidad autónoma que cuenta con el mayor número de funcionarios afiliados a Muface, quienes en un futuro cercano deberán buscar atención en el sistema público de salud si se mantiene la actual situación.

La controversia comenzó a principios de noviembre, cuando las tres aseguradoras anunciaron su decisión de no presentarse al concierto público, alegando que el servicio estaba "infrafinanciado".

No obstante, el Gobierno defendió que la nueva licitación contemplaba un incremento del 17.12% en las primas, después de que su primera propuesta —un aumento del 14%— fuera considerada "insuficiente" por las aseguradoras, que incluso amenazaron con retirarse de las negociaciones si no se satisfacían sus demandas de un alza del 40% para evitar mayor deterioro financiero.

Dos semanas más tarde, el Ministerio de Sanidad publicó un informe en el que consideraba "razonable" y "viable" integrar a los beneficiarios de las mutuas en el sistema estatal, sugiriendo que esta incorporación sería "gradual y estratificada". Se excluye, por otro lado, a los pacientes en situación crítica, para quienes se plantea una renegociación temporal.

El documento también indicaba que "el modelo MUFACE, tal como está, no es sostenible, aun con un aumento significativo de la cápita". Aunque se analizó la posibilidad de incrementar la financiación a las aseguradoras privadas, se advirtió que podría resultar "insuficiente", dado que requieren un aumento superior al 40%, algo que se describe como "insostenible" en el contexto del envejecimiento poblacional, y "inequitativo" porque se trataría de incrementos poco viables en comparación con la provisión pública directa.

La opción de seguir adelante con esta iniciativa, según el informe, implica "postergar una decisión que habrá que tomar más temprano que tarde". Propone, por lo tanto, una prórroga de nueve meses del concierto actual, durante los cuales el Sistema Nacional de Salud (SNS) asumiría la provisión sanitaria para los mutualistas de MUFACE, priorizando a aquellos que necesiten tratamientos crónicos complejos.

En relación a la financiación, se plantearía que los fondos destinados a las aseguradoras se transfieran a las comunidades autónomas, destinado a la inversión en sus respectivos sistemas de salud, con carácter específico durante los primeros tres años.

El posible traslado de esta financiación ha suscitado preocupaciones en la Xunta de Galicia, que ha instado al Gobierno central en múltiples ocasiones durante el mes en curso a que aclare sus planes para garantizar la atención sanitaria, siempre en consulta con las comunidades autónomas.

Desde la Xunta han enfatizado que "no es aceptable que el Gobierno central apruebe una medida de tal magnitud sin haberla discutido y consensuado previamente con todas las comunidades autónomas afectadas", puesto que la decisión tiene implicaciones directas en los sistemas sanitarios públicos gestionados a nivel autonómico.

En este contexto, Antonio Gómez Caamaño, conselleiro de Sanidade, criticó la "frivolidad" del Gobierno al abordar la cuestión, sugiriendo que se está produciendo un "debate ideológico entre ministerios".

Gómez Caamaño ha indicado que la Xunta aún no ha recibido "ninguna comunicación oficial" sobre los planes del Ejecutivo en relación con Muface, pero sí que considera que es un asunto en el que se enfrenta a un "debate ideológico entre dos ministerios", añadiendo que "mientras no se aclare si se va a llevar a cabo, cómo se va a hacer y cuánto costará, no tenemos más que aportar".

A pesar de esto, el conselleiro ha asegurado que su departamento está trabajando para evaluar el impacto que podría derivarse de una posible integración con el sistema estatal de salud.

Frente a la postura del Ministerio de Sanidad, el Departamento de Función Pública, encargado de Muface, emitió el pasado 20 de noviembre una consulta preliminar al mercado, en la que dará diez días hábiles a las aseguradoras para que especifiquen el precio al que ofrecerían el servicio sanitario a través de Muface.

Esta iniciativa busca que las compañías aseguren por escrito el precio mínimo al que aceptarían el concierto. Se requerirá que justifiquen y desglozen esta cantidad por tramos de edad, con el objetivo de otorgar mayor transparencia al proceso, según lo indicado por el Ministerio.

Por otro lado, tanto sindicatos como colectivos sociales presentan posturas divergentes respecto a la solución a esta problemática.

El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha anunciado una "gran movilización" para el próximo 14 de diciembre frente a la Dirección General de Muface en Madrid, en defensa del concierto sanitario.

Borra ha subrayado que el informe del Ministerio, liderado por Mónica García, minimiza el hecho de que casi el 31% de los 1,5 millones de trabajadores públicos que reciben atención a través de Muface son mayores de 65 años y no aclara qué sucederá con el copago farmacéutico, dado que los mutualistas solo abonan el 30% de sus recetas.

Asimismo, ha resaltado que comunidades autónomas como Andalucía, Madrid, Ceuta y Melilla ya han manifestado que no están en condiciones de atender a estos mutualistas.

El presidente de CSIF ha expresado: "Preferiría creer que no existe un plan para abolir las mutualidades, pero estamos empezando a ver indicios que sugieren que tal vez sí lo haya".

También se está organizando una concentración el 11 de diciembre por parte de varios sindicatos (CCOO, UGT, ANPE, UFP, USIE), para exigir del Gobierno una nueva licitación y demandar a las aseguradoras asumir su responsabilidad en asegurar que se firme "lo antes posible" un nuevo convenio que garantice la continuidad del concierto sanitario.

Por el contrario, la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública ha instado a "los grupos sociales, sindicales, profesionales y partidos políticos progresistas a respaldar el fin de Muface y que los fondos destinados a las aseguradoras sean redistribuidos al Servicio Galego de Saúde".

Esta asociación critica que las aseguradoras pidan una "subida del 40% de los fondos estatales" con el argumento de prevenir su colapso, a pesar de que han reportado un incremento en sus beneficios de más de 10.000 millones de euro al año, donde solo el 17% proviene del contrato de Muface, gracias a la alza en los seguros complementarios que la población ha tenido que contratar debido a recortes en la sanidad pública en años recientes.

Además, argumentan que el modelo de Muface es un "remanente del franquismo", indicando que la gestión de recursos sanitarios fue transferida a las comunidades autónomas en la década de los 90 con el objetivo de mejorar su eficiencia, por lo que sostienen que mantener Muface representa una infracción a la Constitución al no respetar el modelo de Estado descentralizado.

Segun ellos, es "inadmisible" que los trabajadores del sistema sanitario público reciban atención en clínicas privadas y mantengan privilegios en comparación con el resto de la población, que se ve obligada a depender del sistema público, especialmente en situaciones de salud graves.

Por último, afirman que suprimir Muface solo incrementaría en un 2% la carga asistencial y piden que los recursos que ahora se destiman a las aseguradoras sean redirigidos al Sergas para mejorar el servicio público de salud en Galicia.