El debate sobre la gestión del Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD) de Ourense se ha convertido en el centro de atención del pleno de la Diputación Provincial, generando una gran controversia entre los distintos grupos políticos de la región.

OURENSE, 31 de enero. En este contexto, el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, se ha manifestado firmemente en defensa de que el CAPD será dirigido por una entidad social, descartando así la idea de que su administración recaiga en una empresa lucrativa. "No van a ser cobayas de nadie", enfatizó Menor, cerrando un acalorado debate que se había suscitado en torno a la iniciativa presentada por grupos de la oposición, el PSdeG y el BNG, que abogaban por una gestión pública del centro. La propuesta no logró prosperar debido a la negativa del Partido Popular y la abstención de Democracia Ourensana.

La discusión sobre la administración del CAPD ha acaparado la atención de la Diputación Provincial en su primer pleno de 2025. Con el nuevo edificio previsto para iniciar operaciones el 1 de abril bajo la dirección de una entidad sin fines de lucro, la controversia se ha intensificado, ya que las familias de los usuarios expresan su oposición a este modelo y demandan una gestión pública que se ajuste a la práctica establecida en otros centros de Galicia.

El Gobierno gallego, a través de la Consellería de Política Social, ha optado por este modelo de gestión, decisión que ha sido rechazada por las familias que claman por una administración directa. Hace unas semanas, realizaron manifestaciones ante la delegación territorial de la Xunta de Galicia en Ourense para expresar sus inquietudes. Además, un mes antes, todos los grupos de la Diputación Provincial, incluida la formación del Partido Popular, adoptaron por unanimidad una moción planteando la necesidad de un manejo público y directo del centro.

Sin embargo, la situación giró drásticamente el pasado viernes, cuando el PSOE y el BNG presentaron juntos una propuesta para instar al gobierno provincial a rechazar la gestión externa y reafirmar su apoyo a una dirección pública del CAPD. A pesar de su aparente respaldo en diciembre para una gestión pública, el Partido Popular cambió de postura, votando en contra de la iniciativa presentada por socialistas y nacionalistas, junto con la abstención de Democracia Ourensana.

Elvira Lama, diputada socialista, no dudó en calificar la actitud del Partido Popular como "una hipocresía descomunal", subrayando que "incumple su palabra". Lama cuestionó cómo podrían explicarle este cambio de posición a las familias en un periodo tan corto y expuso que, a pesar de las excusas de falta de personal, había suficientes profesionales preparados en Ourense listos para ser contratados.

El portavoz del BNG, Bernardo Varela, también se unió a las críticas afirmando que, a pesar del trabajo admirable de las entidades sociales que apoyan a personas con discapacidad, se había perdido una oportunidad valiosa de establecer un modelo de gestión que realmente beneficiara a los usuarios y sus familias.

En contraste con estas críticas, Patricia Torres, representante del Partido Popular, reconoció la legítima demanda de las familias, pero defendió que en diciembre votaron a favor de la gestión pública como respuesta a una alternativa privada que ahora consideran "sinceramente que se trata de una gestión garantista". También destacó que el pliego de condiciones estipula la obligación de mantener a los trabajadores si se produce un cambio en la entidad gestora, asegurando que "la Xunta siempre estará vigilando".

Por su parte, Eva Gutiérrez, portavoz de la plataforma ProCAPD, hizo énfasis en que el modelo propuesto no responde a las necesidades reales de las familias, recordando que se les había prometido un centro de gestión pública. "Cuando escuchamos hablar de un nuevo modelo de gestión, nos preocupa que nuestros hijos sean tratados como cobayas de un laboratorio", alegó Gutiérrez, dirigiéndose a los miembros de la Diputación.

Durante el pleno, el grupo de gobierno del PP permitió que Ramón Sestayo, presidente de CERMI Galicia, un grupo que representa a 13 entidades sociales, interviniera. Sestayo reafirmó que su compromiso no es económico, sino que se enfoca en mejorar la vida de las personas con discapacidad y sus familias. Manifestó que su organización no persigue beneficios económicos y que cada euro se reinvierte en los servicios.

En medio de las quejas de las familias presentes en la sala, Luis Menor cerró el debate con una declaración contundente: "Será un centro público, con normas públicas, gestionado por una entidad social, no por una empresa que gane dinero. No van a ser cobayas de nadie".

En una nota aparte, el Bloque Nacionalista Galego aprovechó el momento de ruegos y preguntas para indagar sobre un incidente con un vehículo oficial de la Diputación que circuló a excesiva velocidad por Allariz, justo antes de que el ex presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, fuera condenado por una infracción de similar naturaleza. La incapacidad de identificar al conductor del vehículo ha resultado en un aumento significativo de la multa desde 400 euros a 1.200 euros.

Xosé Manuel Puga, cuestionando la falta de identificación del conductor, planteó la posibilidad de que el vehículo hubiera sido utilizado para recoger a otra persona durante el tiempo del exceso de velocidad. Ante esto, Luis Menor respondió que ya se había cerrado el caso de manera administrativa, refiriéndose a la imposibilidad de identificar al conductor tras la sanción.