El Ayuntamiento de Santiago de Compostela se encuentra en una situación complicada, intentando ofrecer alojamiento a un grupo de migrantes que ha sido objeto de controversia. La administración local ha criticado al Gobierno central por su “falta de respuesta” ante el desafío que enfrentan estos individuos, una preocupación que también compartió el Foro Galego da Inmigración.

En Santiago de Compostela, el 15 de noviembre, se ha confirmado que siete migrantes provenientes de Mali y otras naciones deberán dejar su alojamiento en el Monte do Gozo. Esta reubicación forzada ocurre tras recibir una negativa a su solicitud de protección internacional, lo que ha generado un clima de tensión y malestar tanto en los funcionarios locales como entre las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes.

La concejala de Servizos Sociais del Ayuntamiento, María Rozas, ha expresado su indignación ante la situación, calificando de "inaceptable" que estas personas sean obligadas a abandonar el Monte do Gozo sin recibir "ninguna alternativa habitacional" que garantice su bienestar. La falta de un plan de acción por parte del Gobierno central ha sido un tema recurrente en las declaraciones de la concejala.

Según el gobierno municipal, la información acerca de la situación de estos migrantes fue proporcionada por el Foro Galego da Inmigración, con quien mantiene un contacto estrecho. Junto con la ONG Rescate, que ha estado trabajando para asistir a los refugiados llegados a la ciudad el pasado verano, el Ayuntamiento de Santiago se ha comprometido a encontrar soluciones habitacionales temporales para los afectados.

El departamento de Dereitos e Servizos Sociais ha indicado que está activando todos los mecanismos necesarios para facilitar una solución a esta crítica situación. Esto incluye establecer colaboraciones con entidades sociales y activar un programa municipal de emergencias que ofrezca diversas opciones de alojamiento. Sin embargo, el gobierno local ha enfatizado que la gravedad del asunto se debe principalmente a la inacción del Ejecutivo central.

Las críticas del gobierno municipal se centran en el hecho de que la expulsión de estos migrantes sin una alternativa es un reflejo de la ineficacia del programa estatal de acogida de refugiados. Según las autoridades locales, esto les obliga a asumir responsabilidades que deberían corresponder a otras administraciones, creando un vacío en el apoyo necesario para los migrantes que buscan refugio en la ciudad.

Por su parte, el Foro Galego de Inmigración ha tomado medidas proactivas, enviando un requerimiento urgente a la Delegación del Gobierno en Galicia y a la Subdelegación del Gobierno en A Coruña. En este comunicado, el Foro exigía garantías por escrito para asegurar que la situación de estos migrantes no se agravaría y que se respetarían sus derechos fundamentales.

Entre las demandas planteadas por el Foro se encuentra la necesidad de mantener las condiciones de vida para estos migrantes hasta que se les pueda ofrecer una vivienda "adecuada y digna", así como asegurar que dispongan de medios de vida suficientes y acceso a apoyo jurídico para abordar las resoluciones previas desfavorables en sus solicitudes de protección internacional.

A pesar de compromisos previos, la respuesta inicial de la Delegación fue, según el Foro, que buscarían alternativas habitacionales. Sin embargo, con la llegada del 1 de noviembre se informó de que ya existían resoluciones negativas en las solicitudes de asilo, lo que ha generado mayor preocupación.

Finalmente, se lamenta que, a partir del 15 de noviembre, al menos siete personas se vean obligadas a abandonar el Monte do Gozo sin ningún tipo de alternativa de alojamiento. Esta situación las condena a potencialmente formar parte de la creciente población sin hogar en Santiago y otras ciudades de Galicia, lo que representa un grave fracaso en el sistema de acogida y protección internacional.