El Consistorio de Santiago de Compostela ha decidido sumarse a tres nuevos procedimientos judiciales con el fin de proceder a la baja de unidades de alojamiento turístico. Este movimiento es parte de su estrategia para regular el sector turístico en la ciudad y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

En fecha reciente, el ayuntamiento ha recibido una serie de siete alegaciones en relación a la recién propuesta ordenanza de tasa turística, las cuales están actualmente bajo revisión por los ámbitos correspondientes. La intención del gobierno municipal es implementar esta tasa para el próximo mes de agosto, por lo que planea presentar el asunto en el pleno de este mes para su aprobación final.

Como parte del proceso, el gobierno local también ha anunciado que convocará a las asociaciones del sector hotelero esta semana para una nueva reunión. Además, se organizará una sesión abierta en la que se detallarán los aspectos de la tasa, dirigida a todos los propietarios de establecimientos que deberán gestionar este nuevo impuesto.

La ordenanza obtuvo su primera aprobación en un pleno extraordinario el 16 de mayo, después del cual se habilitó el periodo para recibir alegaciones. Este periodo concluyó el 2 de julio, tiempo durante el cual el Ayuntamiento recibió siete propuestas, de las cuales cuatro coincidían en sus puntos de vista, según fuentes oficiales.

En respuesta a las críticas de algunos miembros del sector que afirman que el Ayuntamiento no ha mantenido un diálogo suficiente con ellos, la concejala de Turismo, Míriam Louzao, defendió que se han llevado a cabo numerosas reuniones. Aclaró que ha habido conversaciones privadas con diversas asociaciones, así como una jornada específica centrada en la nueva tasa turística.

Louzao reconoció que hay resistencia por parte de algunos sectores ante la implementación de este impuesto, pero enfatizó que esto no debe interpretarse como la ausencia de discusión sobre el tema. “Se ha hablado, y aunque haya quienes no estén de acuerdo, eso no detiene el proceso,” argumentó.

La concejala aseguró que está claro que una gran parte de la población y una parte significativa del sector apoyan la introducción de esta medida. Así, reafirmó que el gobierno municipal está dispuesto a dialogar con los hoteleros lo que sea necesario. “Que algunos no estén de acuerdo no significa que no avancemos,” concluyó.

Por otro lado, este lunes, en la junta de gobierno local se tomó la decisión de involucrarse en tres nuevos procedimientos judiciales relativos a propietarios de pisos turísticos que desean dar de baja sus actividades. Con esta última acción, el total de intervenciones como parte interesada en casos similares asciende a dieciocho.

Esto se debe a la exigencia de la Xunta de Galicia, que requiere que el municipio gestione la baja de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) de manera individual a través del Registro de Empresas y Actividades de Transporte (REAT). Este requerimiento ha sido objeto de críticas por parte del Ayuntamiento, que ha solicitado la eliminación del registro de aquellas propiedades que no cuenten con la licencia municipal correspondiente.