El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Lugo ha decidido no seguir adelante con la investigación de la exalcaldesa Lara Méndez en relación a una indemnización de 2,4 millones de euros que el municipio debió pagar a una empresa por un proyecto de rehabilitación de la antigua Fábrica de la Luz que resultó fallido.

En una resolución fechada este jueves 13 de marzo y comunicada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el juzgado desestima la demanda presentada por dos miembros del Partido Popular que buscaban la reactivación del caso al no encontrar indicios de dolo, culpa o negligencia grave por parte de la exalcaldesa o de otro funcionario involucrado.

La sentencia indica que los demandantes deseaban que se revisara la situación de la exalcaldesa así como la responsabilidad de un concejal que estaba en funciones en el momento de los hechos. Sin embargo, el juez aclara que no hay evidencia de que la exalcaldesa estuviera involucrada de manera directa en la situación que llevó a la indemnización, señalando la necesidad de distinguir entre la responsabilidad política y la jurídica-administrativa.

En la resolución, se destaca que el secretario general del ayuntamiento, quien tenía el rango más alto, fue el encargado de instruir el caso y que su labor se realizó con total imparcialidad. Se menciona que la calidad técnica y el rigor del procedimiento administrativo son evidentes en la documentación relacionada con el expediente, lo cual respalda la decisión del juez.

El magistrado subraya que no existe fundamento para considerar la actuación del funcionario responsable del contrato como negligente, aunque se tratara de un asunto de gran valor económico. Recalca que lo que realmente determina la apertura de un expediente por daños son los elementos de dolo o culpa grave, los cuales no se hallaron en este caso.

Finalmente, se concluye que, si bien el monto de la indemnización es significativo, la clave radica en la falta de pruebas que atribuyan una responsabilidad clara a los implicados. Por esta razón, el juez ha decidido desestimar la demanda, permitiendo la posibilidad de interponer un recurso de apelación ante el TSXG por parte de los recurrentes.