Un tribunal europeo se prepara para analizar, por primera vez, el impacto de la ganadería industrial en derechos humanos, en medio de graves denuncias sobre la contaminación del agua y olores nauseabundos que afectan a las comunidades locales.

La situación se origina en As Conchas, un pequeño pueblo del municipio de Lobeira en Ourense, donde la asociación vecinal, en conjunto con la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) y un grupo de siete ciudadanos, ha presentado una demanda histórica ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La acusación recae sobre varios organismos, incluida la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, por permitir la contaminación de un embalse durante décadas.

El litigio cuenta con el respaldo de organizaciones como Amigas de la Tierra y ClientEarth, quienes sostienen que las autoridades responsables han fallado en garantizar derechos fundamentales de los ciudadanos en la región. Entre los derechos que se alegan como vulnerados están el derecho a la vida, a la prohibición de tratos inhumanos y el derecho a un hogar seguro.

De acuerdo a las declaraciones de Amigas de la Tierra, este caso puede sentar un importante precedente en Europa, dado que es la primera vez que se examina el efecto de la ganadería industrial sobre los recursos hídricos desde el enfoque del derecho humano. La organización critica la falta de control estatal sobre el tratamiento de residuos, especialmente los desechos líquidos y sólidos generados por el ganado.

La situación de los residentes ha empeorado debido a la contaminación asociada a multitud de granjas intensivas que operan en la zona. Estos ciudadanos viven con miedo a utilizar agua de pozos y se ven obligados a soportar un ambiente tan insalubre que no pueden abrir las ventanas de sus hogares, y algunos hasta temen la calidad del agua que reciben de fuentes municipales.

Amigas de la Tierra resalta que el embalse presenta niveles de nitratos alarmantemente altos, lo que incrementa el riesgo de varias formas de cáncer, incluyendo tiroides y mama. Además, se ha vinculado la presencia de estos compuestos químicos con enfermedades graves, como el linfoma no Hodgkin y la metahemoglobinemia.

La preocupación es tal que estudios evidencian la presencia de bacterias resistentes en el embalse, provocando enfermedades de difícil tratamiento. Adicionalmente, el hedor constante que proviene de las instalaciones ganaderas apresiona a los vecinos con problemas respiratorios, afectando especialmente a niños y ancianos.

La contaminación se remonta a un episodio de 2011, cuando una proliferación de cianobacterias cubrió la superficie del embalse. Los demandantes han intentado establecer un diálogo con las autoridades para abordar la preocupante contaminación, pero aseguran que no han encontrado la atención que requieren sus reclamos.

El tribunal ha sido informado de que la administración no siempre cumple con su deber de alertar a la población de los peligros que representan las aguas contaminadas del embalse.

Blanca Ruibal, representante de Amigas de la Tierra, sostiene que el modelo de ganadería actual resulta perjudicial tanto para la población como para el medio ambiente. A su juicio, es esencial que las autoridades implementen un plan que limite la ganadería industrial y promueva una agricultura más responsable que favorezca la sostenibilidad y revitalice el entorno rural.

Nieves Noval, abogada de ClientEarth, subraya que las autoridades han descuidado a los habitantes de A Limia y As Conchas, pues aún conociendo el impacto negativo de la ganadería industrial, siguen otorgando licencias sin restricciones.

David Sánchez, director de CECU, ha hecho un llamado a las administraciones para que intervengan y resuelvan la problemática, ya que es inaceptable que los vecinos deban depender de camiones de agua o botellas para sus necesidades diarias, lo que dificulta su vida cotidiana.

Finalmente, Pablo Álvarez Veloso, presidente de la asociación vecinal y demandante, lamenta que, a pesar de los intentos por comunicarse con los gobiernos locales, sienten que sus inquietudes no son atendidas. Ante esta falta de respuesta, han decidido recurrir a la vía judicial para salvaguardar los intereses de su comunidad.