En un reciente encuentro en Melide, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático de Galicia, Ángeles Vázquez, expresó su profunda preocupación por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) de suspender cautelarmente el régimen de gestión del lobo. Según ha informado, esta resolución significa que los ganaderos quedarán completamente desprotegidos, incapaces de llevar a cabo cualquier tipo de acción para manejar la problemática que representa esta especie.

Vázquez señaló que el equipo legal de la Xunta está trabajando arduamente para analizar las implicaciones del decreto, pero subrayó que Galicia es la única comunidad autónoma cuyo tribunal superior ha tomado tal decisión. En su intervención, destacó que a nivel europeo se ha optado por reducir la protección del lobo, una medida que también fue respaldada en el Congreso español hace apenas una semana, donde diferentes fuerzas políticas se unieron en esta votación.

Además, la conselleira reveló que ya han compartido toda la documentación necesaria con el Ministerio del Medio Ambiente, el cual respondió con la afirmación de que la situación de la población de lobos en Galicia es favorable. Vázquez enfatizó que no es razonable esperar que Galicia asuma la responsabilidad de albergar a todos los lobos de España, apelando a una gestión más equitativa entre las diferentes regiones del país.

La conselleira también dejó claro su intención de recurrir esta decisión judicial, afirmando que Galicia no debería seguir un enfoque distinto al adoptado por comunidades como Cantabria o Asturias. En su análisis, recordó que en su comunidad se registran en promedio 10 muertes de ganado diarias a causa de ataques de lobos, y aunque se han implementado diversas ayudas, incluida la prevención, existen áreas que son especialmente vulnerables y difíciles de proteger, como A Capelada, donde habitan caballos salvajes.

Vázquez concluyó su intervención con la esperanza de que la documentación presentada dé lugar a un resultado favorable. Sin embargo, advirtió que todas las solicitudes y gestiones en trámite se verán paralizadas al menos hasta finales de julio, lo que añade una nueva capa de incertidumbre para la ya golpeada comunidad ganadera gallega.