VIGO, 9 de mayo. En un importante despliegue policial, las fuerzas de la UDYCO de la Comisaría de Vigo-Redondela han logrado desmantelar una red criminal dedicada al tráfico de drogas y medicamentos falsificados. Este operativo resultó en la detención de cinco personas y la realización de tres registros en diferentes ubicaciones de la ciudad gallega.

Las autoridades iniciaron la investigación a finales del año pasado tras recibir informes sobre un grupo que se dedicaba a la distribución de cocaína y otras sustancias prohibidas a consumidores en la zona de Vigo. Esta banda organizaba las ventas no solo en varios puntos de la ciudad, sino que también ofrecía un servicio a domicilio, permitiendo a sus clientes realizar pedidos por teléfono.

La UDYCO mostró un seguimiento constante de las actividades del grupo, permitiendo a los agentes corroborar que los miembros del mismo llevaban a cabo transacciones diarias de pequeñas cantidades de drogas.

El pasado jueves, en una operación coordinada que involucró a agentes de la UDYCO y la UIP, se llevaron a cabo las detenciones de los sospechosos y se realizaron tres registros en propiedades vinculadas a la organización delictiva.

Durante estos registros, las fuerzas del orden incautaron una impresionante cantidad de 300 gramos de heroína y cocaína lista para la venta. Además, se requisaron 10.000 pastillas de medicamentos falsificados, muchos de los cuales eran utilizados como potenciadores sexuales, así como aproximadamente 50 gramos de cocaína de un tipo inusual, conocida como cocaína azul.

Asimismo, las autoridades incautaron más de un kilogramo de sustancias de corte, junto con diversas básculas y máquinas de embalaje al vacío. También se recuperó una pistola de imitación y un total de 2.800 euros en efectivo. La investigación sigue en curso y no se descarta que se realicen más detenciones en el futuro.

Los detenidos fueron trasladados este viernes ante el juez del juzgado de instrucción número 3 de Vigo, que decidió dejarlos en libertad, aunque bajo investigación por un presunto delito contra la salud pública.

Como parte de las medidas cautelares, la jueza ha ordenado la retirada de los pasaportes de los acusados, así como la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado para supervisar el cumplimiento de las condiciones impuestas.