Un reciente informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha puesto bajo la lupa a la compañía Código Televisión, revelando que esta entidad ingresó 175.000 euros tras la declaración del concurso de acreedores del diario 'El Correo Gallego'. Este hallazgo añade una nueva capa de complejidad a la investigación que involucra a destacados exdirectivos del periódico gallego.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 de octubre. En el marco de las declaraciones judiciales que investigan al exdirector de 'El Correo Gallego', José Manuel Rey Novoa, y al exgerente, Ángel Remesar, se han ido desvelando serias acusaciones de irregularidades financieras. La causa surgió a raíz de denuncias por impagos interpuestas por parte de empleados del diario, lo que ha puesto en entredicho la gestión administrativa de la empresa.

Este miércoles, ambos implicados comparecieron ante el juez, en una audiencia centrada en el rastreo de las transacciones financieras asociadas a la red empresarial que aparentemente se creó para eludir deudas reconocidas.

Según el informe de la UDEF, fechado el 17 de octubre, se detectó que Código Televisión, vinculado a 'El Correo Gallego', recibió ingresos significativos en su cuenta después de que el periódico se declarara en concurso de acreedores en 2022. Las transferencias registradas, que tuvieron lugar entre junio de 2022 y noviembre de 2024, incluyen una notable suma de más de 48.000 euros procedente de Pharma Mar y otra de más de 8.000 euros de la Universidade de Santiago de Compostela.

Los encartados en el proceso defendieron que estos pagos estaban relacionados con facturas pendientes de la empresa. Sin embargo, el auge de las transferencias genera interrogantes sobre la opacidad financiera del grupo.

Otro aspecto destacado en la vista fue el alquiler de instalaciones para una producción de Netflix, gestionada a través de Asemali Inversiones, dirigida por Ricardo Asensi. La investigación ha insinuado la posibilidad de una colusión entre Asensi y José Manuel Rey para utilizar la empresa de Asemali como un medio para manejar recursos de manera encubierta, desviando beneficios económicos hacia Think First, la compañía que originalmente poseía la nave.

Durante la audiencia, la Fiscal espetó a Rey sobre las aparentemente intrincadas transacciones bancarias entre las diversas entidades conectadas a 'El Correo Gallego', refiriéndose a la situación como un "juego de trileros". Rey no tardó en responder, acusando a la Fiscal de denigrar su postura, lo que llevó a la jueza a reiterar que sus palabras no eran las que habían sido interpretadas.

La indagación ha destapado “indicios significativos” de posibles actos constitutivos de delito y lo que podría ser una "insolvencia punible" que facilitaría a estos exdirectivos eludir compromisos financieros con órganos como la Seguridad Social y Hacienda, según un auto judicial emitido en abril de 2025.

La Fiscalía ha encabezado la investigación, apoyada en denuncias de antiguos empleados y particulares que reclaman los pagos atrasados. Simultáneamente, en abril de 2024, el Juzgado de lo Mercantil número dos de A Coruña declaró culpable el concurso de acreedores de Editorial Compostela SA, sentenciando a José Manuel Rey a cinco años de inhabilitación para administrar bienes ajenos.

La sentencia también subrayó la creación de "cuentas irreales" en la compañía, aludiendo a múltiples anomalías contables que habrían manipulado la situación financiera reflejada, mostrando una aparente solidez que no se correspondía con la realidad económica de la empresa.