Las organizaciones que representan a los pequeños agricultores en Galicia han expresado su inquietud ante la implementación de nuevas regulaciones a nivel nacional y europeo, argumentando que estas iniciativas pueden amenazar seriamente la viabilidad de sus negocios.

El foco de su preocupación se centra en la reciente legislación sobre la factura electrónica, contenida en la Ley Crea y Crece, ya en vigor, y el nuevo Reglamento Europeo sobre Envases y Residuos de Envases (PPWR), que comenzará a aplicarse en 2026.

Higinio Mougán, director de la Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (Agaca), destacó durante una rueda de prensa en Santiago que existe un amargo subtexto que podría llevar a los pequeños productores a operar en condiciones de ilegalidad. “Parece que, de alguna forma, hay interés en que nos veamos empujados a la ilegalidad. No es la manera adecuada de tratar a quienes trabajamos en el sector”, expresó.

El pesimismo en torno a la carga administrativa que estas normas suponen fue compartido por otros representantes del sector, como Leonor Lorenzo de 'Slow Food Compostela' y José Carlos Brea, presidente de la Asociación de Artesáns da Alimentación de Galicia. Ambos coinciden en que los productores se ven atrapados en un laberinto burocrático que les aleja del enfoque en su producción.

“Realizamos formaciones sobre la facturación electrónica y la gestión de residuos. Sin embargo, los expertos no pudieron resolver las dudas que tenían nuestros asociados, lo que evidencia lo compleja que será la situación”, reflexionó Lorenzo.

Además, mencionó que la mayoría de sus miembros, quienes son pequeños productores, no tienen el presupuesto para contratar personal administrativo que los ayude con estos trámites. “Cuando decidimos repetir las formaciones, varios de ellos manifestaron que no podrían seguir así”, añadió, enfatizando la urgencia de transmitir su descontento.

Por su parte, Brea argumenta que, aunque las regulaciones pueden tener buenas intenciones, están diseñadas para grandes empresas y no reflejan las realidades de los pequeños productores. “La mayoría de nosotros vivimos en entornos rurales y somos quienes mantenemos la vitalidad del campo”, sostuvo, subrayando la necesidad de adaptaciones en la legislación.

Para Brea, el tiempo que deberían dedicar a la producción se ha visto drásticamente reducido. De un ideal del 100% de su tiempo en la producción, ahora solo pueden emplear entre un 40% y un 50% en esa labor, mientras que el resto se va en cumplir con requisitos burocráticos.

La Ley Crea y Crece impone normas estrictas sobre la factura electrónica, que requieren la emisión y recepción de facturas digitales y el uso de software homologado, con sanciones severas de hasta 50.000 euros por incumplimientos. Estas exigencias son vistas como una carga especialmente grave para los pequeños negocios, según las organizaciones agrarias.

Asimismo, el próximo año 2026 traerá consigo el sistema VeriFactu, que prohibirá el uso de herramientas informáticas comunes como Word o Excel, un cambio que muchos consideran desproporcionado para el contexto de los pequeños productores.

El reglamento sobre envases se interpreta también como una carga económica excesiva, ya que impone medidas de rastreo y sistemas de retorno que son difíciles de asumir para operaciones de menores dimensiones. Estas exigencias se traducen en altos costes que afectan gravemente la rentabilidad de los pequeños emprendedores.

Frente a esta situación, las asociaciones han presentado varias propuestas a la Xunta y a diferentes ministerios, solicitando un enfoque más gradual y adaptado a las normativas, así como el establecimiento de exenciones para negocios de menor volumen. También se hizo hincapié en la importancia de proporcionar formación y recursos que faciliten la adaptación a estas nuevas normativas, sin añadir más burocracia al proceso.

En su planteamiento, las organizaciones demandan mayor “claridad normativa” y una mejor alineación entre las regulaciones europeas y estatales, además de la necesidad de invertir en infraestructuras digitales que aseguren el acceso en las áreas rurales, diferenciando claramente entre las necesidades de la industria y de los pequeños productores.