En un acto de confrontación, los sindicatos CCOO, ANPE y UGT han presentado una denuncia ante la Valedora tras observar la aplicación de las ratios en el ámbito educativo. Por otro lado, el conselleiro ha manifestado su postura considerando como "normal" que acudan a la justicia en caso de discrepancias.

La ciudad de Santiago de Compostela ha sido el escenario de la manifestación donde el conselleiro de Educación, Ciencia, FP e Universidades, Román Rodríguez, ha dejado clara su posición ante la protesta en la cual participaron diversas organizaciones. Rodríguez ha destacado los refuerzos docentes puestos en marcha este año escolar, a pesar de la presencia de "menos alumnos pero más profesores".

El conselleiro ha liderado una reunión con la junta autonómica de directores en la Cidade da Cultura de Santiago para analizar el inicio de un curso marcado por la implementación del acuerdo de octubre de 2023. Este acuerdo, firmado por CCOO, ANPE y UGT, ha generado polémica al reducir tanto las ratios como el horario lectivo desde septiembre.

La reducción de ratios se ha aplicado específicamente en 4º de Infantil, con 20 niños por aula en comparación con los 25 anteriores, extendiéndose progresivamente a los niveles posteriores. Además, se ha comenzado a contabilizar a los alumnos con discapacidad y trastornos de conducta de manera diferenciada en Infantil y Primaria.

A pesar de que la Consellería asegura que estas medidas mejoran el sistema de atención a la diversidad, la Plataforma en Defensa do Ensino Público, que incluye a la CIG, considera que los refuerzos aplicados son insuficientes. Esta postura ha generado desacuerdos entre las partes implicadas y ha dado paso a una denuncia ante la Valedora do Pobo por parte de los sindicatos firmantes del acuerdo.

Los sindicatos CCOO, ANPE y UGT señalan un incumplimiento en la reducción de ratios en centros rurales donde se agrupa a alumnos de diferentes niveles en un mismo aula. A pesar de la interpretación escalonada de la Consellería, los sindicatos insisten en que el acuerdo no refleja de manera adecuada este punto específico.

Ante esta situación, los sindicatos estiman que la contratación de alrededor de 400 docentes adicionales sería necesaria si las medidas se implementaran de inmediato, lo cual no es el caso actual. Por tanto, la próxima acción a emprender será recurrir a los tribunales en busca de soluciones.

Ante la posibilidad de recurrir a la justicia, el conselleiro ha expresado su comprensión afirmando que es común que, ante desacuerdos entre partes, un tercero como un juez intervenga para resolver la disputa. En este sentido, Rodríguez defiende una aplicación gradual de las medidas en contraposición a la exigencia de una implementación inmediata por parte de los sindicatos.

En una reunión con la junta de directores, el conselleiro ha comunicado un incremento de 90 millones de euros en la partida dedicada al personal de la Consellería de Educación, que superará los 3.000 millones de euros en los presupuestos para 2025. También se han discutido otras iniciativas como la reducción de la burocracia y la implementación de la nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).