El Parlamento gallego ha manifestado su apoyo unánime a una propuesta del Partido Popular de Galicia (PPdeG) que solicita al Gobierno central la implementación de una base permanente de Vigilancia Aduanera en la ría de Camariñas, situada en la Costa da Morte. Esta medida tiene como objetivo combatir el creciente narcotráfico en la región y mejorar los recursos disponibles para la interceptación de narcolanchas.

Además, se insta al Ejecutivo a asegurar que el personal de Vigilancia Aduanera opere con horarios completos, evitando que factores económicos o la negativa a pagar horas extra comprometan las acciones necesarias para frenar el narcotráfico. En este sentido, se exige una distribución más equitativa de los recursos a lo largo de las diferentes comunidades autónomas, asegurándose de que ninguna región reciba un trato preferencial por razones injustificadas.

Durante la discusión, la diputada del PP, Paula Mouzo, expresó su preocupación por el narcotráfico, al que calificó como una "lacra" que exige una respuesta firme y conjunta. Según Mouzo, la situación en la Costa da Morte ha ido empeorando con el tiempo, destacando que las mafias están utilizando esta zona como punto de entrada para sus operaciones ilícitas.

Patricia Iglesias, del PSdeG, también tomó la palabra para recordar momentos del pasado relacionados con figuras del PP y el narcotráfico, mencionando al expresidente Núñez Feijóo en ocasiones controversiales. Iglesias subrayó que la historia de vínculos entre políticos y narcotraficantes no debe ser borrada, refiriéndose a textos como ‘Fariña’ que documentan estos lazos.

Óscar Insua, del BNG, cuestionó las afirmaciones del PP, señalando que el mensaje de la propuesta implica una acusación hacia los marineros locales como responsables de la situación de narcotráfico. Insua criticó un apartado que sugiere que la falta de patrullas fijas contribuye a la impunidad de las mafias, lo que considera una generalización inapropiada.

En respuesta, Mouzo defendió la postura del PP, insinuando que sus opositores se aferran a viejas controversias en lugar de centrarse en la actual gravedad del problema. También recordó episodios del pasado del PSOE relacionados con figuras del narcotráfico, tratando de poner en evidencia la falta de acción del contrario en años pasados.

Otro tema destacado en la sesión fue la aprobación de una propuesta del PPdeG que solicita al Gobierno central reconocer la profesión de riesgo para la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como facilitar la jubilación anticipada para estos cuerpos, sin distinción de regímenes. Esta propuesta busca también un aumento de efectivos en Galicia, así como una actualización de su catálogo de puestos de trabajo, que según el PP se encuentra “obsoleto”.

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, denunció que en el último año se registraron 17.000 agresiones a agentes, la cifra más alta hasta la fecha, lo que evidencia la necesidad de reconocer el riesgo que implica esta profesión. Prado también señaló que faltan más de 1.000 efectivos en Galicia, sugiriendo que esto es resultado de un “desmantelamiento planificado” de la Guardia Civil a nivel nacional.

Iago Tabarés, del BNG, descalificó la propuesta del PP, tildándola de una simple "performance" que busca instrumentalizar una cuestión tan seria como es el narcotráfico. También cuestionó la omisión de la Vigilancia Aduanera en el debate, planteando que si se considera que perseguir el narcotráfico no es un trabajo de riesgo, entonces la propuesta carece de fundamento.

Paloma Castro, del PSdeG, arremetió contra el PP, recordando que bajo el mandato de Mariano Rajoy se redujeron significativamente los efectivos de seguridad. Castro acusó al PPdeG de no haber impulsado iniciativas durante su tiempo en el poder, despreciando las actuales que pretenden mejorar las condiciones laborales de los funcionarios del Instituto de Medicina Legal de Galicia.

A lo largo de la discusión, los representantes del BNG y del PSdeG hicieron hincapié en la necesidad de mejorar las condiciones de los forenses del Imelga, que se encuentran en situaciones laborales desfavorables, exigiendo condiciones más justas y mejores salarios.

El diputado popular Roberto Rodríguez defendió la negativa del PP a las iniciativas presentadas por la oposición, argumentando que el Gobierno ya está trabajando en un proyecto que abordará las necesidades reales de cada subdirección territorial, aunque reconociendo que queda trabajo por hacer en este ámbito.