En un contexto de creciente debate sobre las cláusulas sociales en la contratación pública, los nacionalistas han presentado una alternativa al enfoque, que ellos consideran "feudal", del Partido Popular (PP) en Galicia. A su juicio, la legislación actual ya aborda estas cuestiones, cumpliendo con los estándares deseados y ofreciendo un marco adecuado.

El Partido Popular ha desestimado una propuesta de ley que busca introducir cláusulas de igualdad y aspectos sociales en los contratos públicos. Desde su perspectiva, esta iniciativa representa una reestructuración radical de la forma en que la Xunta gestiona sus contratos, argumentando que ya se están implementando prácticas que promueven la inclusión y la equidad.

La diputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Noa Presas, ha defendido esta iniciativa señalando que pretende incluir en el marco legal gallego diversas cláusulas que abarcan la igualdad, el medio ambiente, el trabajo digno y la integración de personas con discapacidad. También se propone reservar contratos específicamente para la economía social.

Presas afirmó que su propuesta busca alterar un sistema que considera obsoleto y que, supuestamente, beneficia a grandes empresas en detrimento de pequeñas y medianas compañías. Criticó que la legislación actual favorece a "los grandes peces" que se benefician de contratos sustanciales, en lugar de impulsar un tejido económico más equitativo.

La diputada también expresó su descontento con el hecho de que la actual ley de igualdad se limite a implementar planes de igualdad como criterio de desempate en la contratación, tachándolo de una burla a los principios de equidad que se buscan promover.

La propuesta del BNG busca, además, asegurar que los 7.280 millones de euros destinados a contrataciones y subvenciones tengan un impacto positivo en la economía local, utilizando cláusulas sociales para fomentar la igualdad.

Desde el PSdeG, la parlamentaria Patricia Iglesias se unió al apoyo de esta propuesta, señalando que un alarmante 92% de las entidades del sector público no comprueban si se están siguiendo estas cláusulas sociales. Sin embargo, también apuntó que la propuesta presenta ciertas debilidades y se ofreció a colaborar con el BNG para perfeccionarla.

Iglesias consideró que las políticas de contratación pública son fundamentales para transformar la realidad en Galicia y mejorar así la calidad de vida de los trabajadores. Criticó la tendencia del Gobierno gallego a priorizar la oferta más económica, lo que frecuentemente beneficia a empresas con conexiones personales con figuras del PP.

Desde el lado del PP, el diputado Roberto Rodríguez calificó la propuesta como un intento más de modificar la contratación pública gallega, asegurando que el objetivo que persigue el BNG ya ha sido legislado y se encuentra en funcionamiento.

Rodríguez mencionó leyes específicas que respaldan la normativa existente, enfatizando que las políticas públicas ya están siendo promovidas a través de la contratación. Criticó la falta de reconocimiento sobre los esfuerzos realizados en este ámbito durante la última década.

Asimismo, Rodríguez cuestionó cuál es el verdadero modelo de contratación pública que el BNG defiende, resaltando incidentes como el incumplimiento de cláusulas sociales en contratos relacionados con la discapacidad bajo la administración de este partido.

Ante las acusaciones, Noa Presas defendió la integridad del BNG y su compromiso con la transparencia y la ética en la gestión pública, afirmando que no hay antecedentes de corrupción en su larga trayectoria histórica. Rechazó la afirmación de que la propuesta del BNG ya esté contemplada en la legislación actual, defendiendo la necesidad de cambios significativos en el marco de la contratación pública.