La Xunta de Galicia quiere dejar claro que la responsabilidad sobre la regulación laboral recae en el Estado, y se ha comprometido a actuar para que la situación se resuelva de forma que beneficie a los trabajadores en la comunidad.

En Santiago de Compostela, el pasado miércoles, un grupo de trabajadores de la empresa Circet se congregó en la entrada del Parlamento gallego con la intención de manifestar su oposición al expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a más de 300 empleados, de los cuales 118 pertenecen a la región gallega.

Benedicto Blanco Lema, secretario comarcal de Industria de la CIG en Santiago, ha señalado que la dirección de Circet busca implementar un modelo de trabajo a jornada partida basado en la producción, donde los salarios de los trabajadores estarían vinculados a las altas que logran gestionar. Según Blanco, esta situación implicaría la realización de "horas extra encubiertas".

Además, el representante sindical ha expresado su incredulidad ante la necesidad de un ERE, dado que han identificado la existencia de entre 40 y 70 personas subcontratadas bajo condiciones laborales "muy malas" y que carecen de las adecuadas medidas de seguridad.

El sindicalista ha dejado claro que la negociación actual está centrada en dos aspectos fundamentales: reducir las condiciones laborales o proceder a despidos. En este sentido, ha mencionado que hace una semana llevaron su preocupación a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien, según su alegato, se comprometió a actuar; sin embargo, los trabajadores sienten que no han visto avances significativos hasta ahora.

Benedicto Blanco ha lamentado que la reforma laboral impulsada por Yolanda Díaz no haya tenido un impacto distinto al de la anterior reforma del Partido Popular, y que "siga produciendo los mismos resultados negativos".

Este viernes se llevará a cabo en Madrid la última reunión para intentar llegar a un acuerdo respecto al ERE, y el representante de la CIG ha indicado que la empresa mantiene su postura: solamente estará dispuesta a reducir el número de despidos si se establece un acuerdo para trabajar por puntos.

Durante esta protesta a las puertas del Parlamento, Ramón Fernández Afonzo, diputado del BNG, también se dirigió al conselleiro de Emprego, José González, cuestionándolo sobre cuál es la posición y las acciones que está considerando la Xunta en relación al ERE presentado por Circet.

El conselleiro de Emprego ha expresado su pesar por la decisión de la empresa de presentar este ERE, y ha reiterado que "la autoridad laboral competente es el Ministerio de Trabajo", ya que Circet opera en varias comunidades autónomas.

González ha recalcado que corresponde a la administración central gestionar la tramitación del ERE y ha criticado la falta de comunicación por parte del Gobierno, que debería informar a las comunidades afectadas, algo que, según él, no ha sucedido.

En este contexto, también ha señalado que la Xunta solicitó información sobre la situación el 27 de noviembre, pero hasta la fecha solo han recibido confirmación de que 118 trabajadores en Galicia se verán afectados.

Por último, el conselleiro se ha comprometido a velar por que esta situación se solucione de la manera más beneficiosa posible para los trabajadores gallegos.

En otro punto del debate parlamentario, el diputado del BNG instó a los representantes del PSOE y a Yolanda Díaz a que deroguen la reforma laboral promovida por el ex presidente Mariano Rajoy, argumentando que esta normativa no previene situaciones como la que están viviendo los empleados de Circet.