La reciente decisión de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y la Asociación para la Defensa Ecolóxica de Galicia (ADEGA) ha desatado un nuevo enfrentamiento en el ámbito ambiental. Ambas organizaciones han decidido iniciar acciones legales contra la autorización concedida por la Xunta al proyecto de la empresa portuguesa Altri, que pretende establecer una planta en Palas de Rei, en la provincia de Lugo.

Durante una conferencia de prensa, Alfredo Otero, vicepresidente de la PDRA, comunicó el inicio de esta lucha bajo el lema "Justicia para el río Ulla", afirmando que el objetivo es forzar a Altri a reconsiderar sus planes en la zona alta del mencionado río.

A pesar de que el proceso administrativo relacionado con el proyecto aún está en desarrollo, ADEGA ha señalado que han encontrado varias “irregularidades” en la gestión del proyecto, lo que les ha llevado a optar por la vía judicial. En particular, cuestionan la concesión brindada por Augas de Galicia.

Ambas asociaciones han informado que preparan un recurso de alzada debido al “silencio administrativo” por parte de la agencia de agua gallega, que no ha respondido a la solicitud de cierre del expediente de concesión de agua del río Ulla, necesaria para las actividades industriales solicitadas por Greenfiber.

Un aspecto clave que resalta ADEGA es el marco regulador que establece un plazo de 18 meses para la resolución de solicitudes relacionadas con el uso de recursos hídricos. La normativa indica que, transcurrido este periodo, si no hay respuesta, la solicitud debe interpretarse como desestimada.

El procedimiento que desencadenó esta situación se inició alrededor del 30 de noviembre de 2022, cuando fue publicada en el Boletín Oficial la apertura de tramitación sobre la concesión de aguas. Ante la ausencia de avances, ADEGA y PDRA requirieron, en febrero pasado, que se declarara la “caducidad” del proceso.

Sin embargo, tres meses después y ante la falta de una resolución clara, el secretario técnico de ADEGA, Fins Eirexas, ha expresado su frustración. La petición inicial fue ignorada y ahora tienen la intención de recurrir, advirtiendo que, si persiste el silencio administrativo o se presenta una nueva desestimación, procederán con una demanda en el ámbito contencioso-administrativo.