El juicio programado para este miércoles contra cuatro individuos acusados de la trágica muerte de un trabajador de la empresa auxiliar Reymogasa en la planta de Alcoa, ubicada en San Cibrao, Cervo (Lugo), ha sido cancelado. La nueva fecha para la celebración del juicio ha sido fijada para el 23 de abril de 2025, a las 11:15 horas.

La jueza del Juzgado de lo Penal número 2 de Lugo tomó la decisión de suspender la vista debido a la falta de citaciones adecuadas para testigos y peritos que debían comparecer en la sala. En consecuencia, el fiscal solicitó la suspensión del juicio, una petición a la que se sumaron los abogados de los acusados, resultando en la reprogramación de este importante evento judicial para 2025.

La Fiscalía está pidiendo dos años de prisión para cada uno de los acusados, argumentando que cometieron homicidio imprudente en relación con un delito contra los derechos de los trabajadores. Además, se ha solicitado la inhabilitación de los acusados para el ejercicio de su profesión durante un período de dos años.

Al salir de la sala, el abogado Juan Luis González, que representa a dos de los acusados pertenecientes a Reymogasa, explicó a la prensa que la no celebración del juicio se debió a que no se realizaron las citaciones adecuadas a los testigos y peritos involucrados en el caso. González consideró que aún es "prematuro" discutir la posibilidad de alcanzar un acuerdo previo o buscar la absolución de sus clientes, ya que quedan "muchos meses" hasta que se lleve a cabo el juicio, aunque enfatizó que disponen de "argumentos de defensa". Por otro lado, otro abogado que representa a uno de los acusados expresó la intención de solicitar la libre absolución de su cliente.

Este grave accidente laboral tuvo lugar en 2017 en la nave dedicada al horno de cocción de Alcoa. Se encuentran acusados el jefe de equipo y el jefe de obra de Reymogasa, además del jefe de prevención de riesgos laborales y el encargado de producción de Aluminio Español SLU, la empresa matriz de Alcoa.

Según la acusación presentada por la Fiscalía, todos los imputados "cada uno en el ámbito de su respectiva responsabilidad", establecieron condiciones que llevaron al fallecimiento del trabajador de Reymogasa. El trágico incidente ocurrió el 11 de abril de 2017, cuando dos empleados de Reymogasa se encontraban listos para realizar una revisión semestral de los sistemas de grúas en la instalación. Esta tarea se realizaba a una altura considerable, y aunque uno de los trabajadores debía actuar como observador, un movimiento desafortunado del puente grúa resultó en la muerte del operario al ser aplastado contra un pilar.

La acusación sostiene que el accidente se debió a una "defectuosa coordinación de actividades" entre las empresas involucradas. A pesar de ser un mantenimiento programado, no se establecieron las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los trabajadores. Se señala que el operador del puente grúa no fue informado sobre la presencia de trabajadores en su zona de acción, una omisión crítica que llevó a la fatalidad.

La Fiscalía observa además que los trabajadores de Reymogasa no habían recibido instrucciones claras sobre la responsabilidad de avisar al operador del puente grúa, lo que dio lugar a una confusión inaceptable en un entorno tan peligroso. La acusación critica que, a pesar de los trámites administrativos previos a la tarea, se dejó a los propios trabajadores la carga de comunicar su presencia, lo que resultó en un fallo de seguridad significativo.

También se destaca que el máximo responsable de producción de Aluminio, quien firmó los permisos de acceso para los trabajadores de Reymogasa, no estableció ninguna indicación sobre la necesidad de coordinación entre las dos empresas implicadas, un error que costó la vida a un hombre. El jefe de prevención de riesgos laborales de la empresa principal también autorizó la ejecución de la tarea sin implementar un mecanismo de coordinación necesario.

Los jefes de Reymogasa no cumplieron con su responsabilidad de asegurarse de que se tomaran las precauciones adecuadas para la ejecución del trabajo, ni suspendieron el uso del puente grúa mientras se llevaban a cabo las tareas de mantenimiento. Por su parte, los responsables de prevención de riesgos de Aluminio no tomaron medidas para garantizar que todos los trabajadores en la instalación conocieran los trabajos que se estaban realizando, lo que contribuyó a un ambiente de trabajo inseguro.

Finalmente, la esposa del fallecido decidió renunciar a todas las acciones civiles y penales, pues ya había sido indemnizada por las aseguradoras de las dos empresas involucradas. Este caso abre un debate crucial sobre la seguridad laboral y la responsabilidad corporativa en entornos de alto riesgo, elementos que no deben ser pasados por alto en un proceso judicial tan relevante.