El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Santiago de Compostela ha recibido un respaldo judicial en relación a la expulsión de cuatro de sus concejales, quienes intentaron frenar su salida del grupo municipal. Esta decisión fue confirmada por el Juzgado de Primera Instancia número 3, que desestimó la solicitud de medidas cautelares presentada por los ediles en cuestión: Mila Castro, Mercedes Rosón, Gonzalo Muíños y Marta Álvarez.

Los concejales buscaban que se anulasen las sanciones impuestas por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, que posteriormente fueron ratificadas por la Comisión Federal de Ética y Garantías del partido. Su objetivo era recuperar la plenitud de sus derechos tanto como afiliados del PSOE como en su papel como representantes públicos en el Ayuntamiento de Santiago.

Según el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), los concejales argumentaban que las sanciones vulneraban su derecho a la participación política, un derecho protegido por el artículo 23 de la Constitución Española. Sin embargo, la jueza encargada del caso dictó que la incapacidad de estos concejales para participar en ciertas comisiones no afecta a su función representativa esencial.

La magistrada determinó que la supuesta violación de derechos mencionada por los concejales no afecta su capacidad de representación política. Por ende, no se debe adoptar ninguna medida cautelar, ya que la situación no cumple con los requisitos estipulados por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La jueza también señaló que el cambio a la condición de concejales no adscritos implica una merma de derechos que les corresponde por pertenecer a un grupo municipal, aunque enfatizó que esto no impacta los elementos fundamentales de su labor representativa.

La decisión del juzgado no es definitiva, y los ediles tienen la opción de presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña. A pesar de esto, la situación administrativa en el Ayuntamiento no se verá alterada, dado que la transición a la condición de no adscritos ya se realizó la semana pasada durante un pleno municipal en el que tuvo lugar la discusión sobre este asunto.

Por su parte, la dirección local del PSOE ha manifestado su satisfacción con el fallo judicial, considerando que confirma la legitimidad de las acciones tomadas en el procedimiento disciplinario contra los concejales. Además, han resaltado que la validación del proceso por parte del secretario municipal refuerza aún más su posición, calificando las alegaciones de los ediles expulsados como meras invenciones sin fundamento en la realidad.