VIGO, 20 Sep.

La Asamblea Republicana de Vigo ha presentado una denuncia ante el Fiscal General del Estado, en la cual se menciona al Rey emérito, Juan Carlos I, y a las Infantas Elena y Cristina de Borbón, por posibles delitos fiscales y blanqueo de capitales. Se les acusa de ocultar fondos millonarios a la Hacienda española al constituir una fundación en Abu Dhabi, con el objetivo de facilitar la transferencia de su herencia a sus hijas.

Los abogados Antón Beiras Cal, experto en temas tributarios, y José Luis Gutiérrez Aranguren, especialista en derecho penal, han elaborado la denuncia en representación de la Asamblea Republicana, la cual también ha sido remitida a la Agencia Tributaria.

Según Beiras, Juan Carlos I realizó dos regularizaciones fiscales presentando declaraciones complementarias en diciembre de 2020 y febrero de 2021. En total, el importe regularizado ascendió a 4,4 millones de euros. En la segunda ocasión, el Rey emérito admitió haber tenido que solicitar ayuda financiera a sus amistades para cumplir con sus obligaciones tributarias.

El abogado ha manifestado su preocupación por la nueva fundación creada con un patrimonio millonario en la que participan las Infantas. A diferencia de una querella, la Fiscalía está obligada a investigar esta denuncia.

La Asamblea tiene planes de contactar con los partidos políticos que respaldaron la investidura de Sánchez con el objetivo de presionar al Gobierno para que se inicien las investigaciones de manera inmediata. Las regularizaciones fiscales de Juan Carlos I prescribirán en los próximos meses y es crucial que las acciones se emprendan antes de ese plazo, según el abogado.

Anteriormente, la Asamblea presentó una querella contra Juan Carlos I por delitos fiscales, la cual fue desestimada por la Audiencia Nacional. El portavoz de la Asamblea, Celso Pazos, ha defendido la necesidad de cuestionar la estabilidad de la monarquía en pro de la república.

Beiras Cal ha enfatizado que este no es solo un tema de monarquía versus república, sino un asunto que concierne a toda la ciudadanía. ¿Qué sucede cuando el fraude de 2.000 millones de euros cometido por la máxima autoridad del Estado no es perseguido, mientras que el ciudadano común puede enfrentar multas de la Agencia Tributaria?, se pregunta el abogado.