La reciente decisión del Ministerio Público del Tribunal Supremo ha puesto de nuevo bajo el foco mediático el asesinato de Samuel Luiz, ocurrido en la madrugada del 3 de julio de 2021 en el paseo marítimo de A Coruña. Esta es una situación que ha mantenido a la opinión pública en constante discusión, pero ahora da un nuevo giro relevante.

La Fiscalía Superior de Galicia ha procedido a preparar un recurso de casación contra la resolución dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG). Este trámite es esencial y previo a la presentación formal del recurso ante el alto tribunal, que corresponde decidir sobre la validez de esta sentencia.

En su comunicado, el Ministerio Público ha señalado que las causas de este recurso se basan en diversas infracciones legales. En particular, la Fiscalía menciona las disposiciones contenidas en los artículos 849.1 y 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como una posible infracción de la Constitución Española según el artículo 852, lo que pone en entredicho las garantías procesales establecidas.

Este proceso legal ha generado interrogantes significativos sobre la justicia realizada en el caso. La Fiscalía argumenta que la sentencia del TSXG, que absolvió a Alejandro M.R. como cómplice, representa una violación de derechos fundamentales prometidos por la Constitución, tales como el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia.

El organismo público ha definido esta absolución como un atentado a la tutela judicial efectiva, cuestionando así la decisión del tribunal que mantuvo las condenas de otros tres implicados en el asesinato, al tiempo que se alza la voz sobre lo que consideran un error en la valoración de las pruebas respecto al acusado absuelto.

La Fiscalía gallega está convencida de que la sentencia del TSXG debe ser revisada y anulado, sugiriendo que se debe reformular para condenar a Alejandro M.R. como cómplice, en consonancia con lo que se dictó en su momento por la Audiencia de A Coruña. Así, se espera que se mantenga la condena impuesta a los otros tres condenados: Diego M., Alejandro F. y Kaio A.S.C., generando un nuevo debate sobre la administración de justicia en este caso emblemático.