Un reciente informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha revelado preocupaciones sobre la gestión de la prevención de incendios en Galicia. Este documento, mencionado por el eurodiputado socialista Nicolás González Casares, señala un gasto desproporcionado en medidas preventivas en contraposición a los recursos destinados a la extinción de incendios, desde el año 2018.

En un análisis detallado, el informe, que se hizo público el 11 de junio de 2025, destaca que en 2024 la Xunta de Galicia planeaba trabajar en menos del 30% de sus cortafuegos, una cifra alarmante considerando que estas estructuras deben ser mantenidas cada tres años para garantizar su eficacia.

El estudio, que forma parte de un Informe Especial sobre la utilización de fondos europeos para combatir incendios forestales, también critica la ejecución de las políticas de prevención y restauración. En particular, subraya que tanto Galicia como Andalucía han priorizado su presupuesto en prevención sobre la respuesta ante incendios, lo que indica una falta de preparación frente a desastres naturales.

González Casares ha puesto el foco en este documento en un momento crítico, ya que Galicia enfrenta una ola de incendios devastadores, especialmente en la auriense. En una reciente declaración, el eurodiputado ha argumentado que el informe pone en evidencia las fallas en la administración de la Xunta y respalda sus críticas al Ejecutivo regional.

El eurodiputado ha manifestado que la actual gestión del Gobierno gallego no garantiza la efectividad de las medidas preventivas y acusa a la Xunta de "vivir en la negación y la propaganda". Este desmantelamiento de las políticas de prevención podría comprometer la seguridad en las áreas forestales de la región.

El informe también señala un patrón preocupante: la escasa sostenibilidad de las iniciativas financiadas con fondos de la UE. A pesar de que la creación y mantenimiento de cortafuegos es elegible para recibir apoyo financiero del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), la realidad en Galicia es que estos fondos son insuficientes para cubrir todos los costos necesarios.

El documento destaca que, para 2024, había un plan para realizar mantenimiento solo en una fracción de los cortafuegos existentes en Galicia, un hecho que González Casares critica por poner en riesgo tanto el entorno natural como la seguridad de los ciudadanos.

Finalmente, el eurodiputado socialista enfatiza que la responsabilidad de la gestión forestal recae enteramente en la Xunta de Galicia. "No se puede culpar a Madrid o a Bruselas; el Gobierno del PP en Galicia debe asumir la planificación y el mantenimiento de las medidas, y hasta ahora, esto no ha sido garantizado", concluye. La situación exige una revisión urgente de las políticas de prevención y una mayor responsabilidad por parte de las autoridades locales.