El pasado 22 de octubre, en Santiago de Compostela, se presentaron importantes modificaciones en la ley que acompaña al presupuesto gallego de 2026, especialmente en lo que respecta a la normativa de vivienda. Estas reformas buscan aumentar el porcentaje de edificabilidad en los desarrollos de vivienda protegida, una medida que despierta tanto expectativas como críticas.

La nueva regulación modifica el artículo 41 de la ley del suelo, permitiendo un incremento del 20% en la edificabilidad en terrenos urbanos destinados a la construcción de viviendas protegidas, siempre que al menos el 60% de la superficie total del área se destine a este fin. Este cambio es significativo y se produce en un contexto donde se debate intensamente el acceso a la vivienda en la comunidad autónoma.

Desde el Gobierno gallego se ha subrayado que esta ampliación en la edificabilidad se permitirá, independientemente de los límites establecidos en los planes urbanísticos. Este enfoque busca facilitar la creación de más viviendas protegidas en un mercado caracterizado por su escasez y elevada demanda.

Durante una reciente sesión de control, los líderes de BNG y PSdeG, Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro, no escatimaron en críticas hacia el ejecutivo de Alfonso Rueda. Ambas figuras cuestionaron la supuesta baja ejecución de presupuestos en el sector de la vivienda, y señalaron la ineficacia de ciertas iniciativas, como la compra de locales desocupados para destinarlos a alquiler social.

En respuesta, el presidente Rueda defendió la importancia de la vivienda como uno de los pilares de su gobierno, reafirmando su compromiso de duplicar el parque público de viviendas en Galicia hasta llegar a 8.000 unidades. Esta promesa ha sido un tema recurrente en su discurso desde las pasadas elecciones autonómicas.

Rueda también destacó que los presupuestos de 2026 jugarán un papel crucial en alcanzar este objetivo, enfatizando que deberán compensar la disminución en los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Aseguró que se destinarán más recursos a áreas vitales como la investigación, el sistema de dependencia y la educación.

Para culminar su argumentación, el presidente recordó que cerca de 800 millones de euros se asignarán a reducciones fiscales, destacando que "el 98,5% de estas rebajas beneficiarán a las rentas medias y bajas", lo que, según él, refleja el compromiso de su gobierno por ayudar a los sectores más necesitados de la sociedad gallega.