En una reciente serie de movimientos, Podemos Galicia y Alianza Verde han elevado un llamado a la UNESCO para que intervenga en el controvertido proyecto de construcción de una fábrica de celulosa en Palas de Rei, Lugo. Este pedido llega en un contexto donde la preocupación por el impacto ambiental y cultural del proyecto ha crecido considerablemente entre las comunidades locales y varias organizaciones.

La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) ha tomado la delantera en esta batalla, presentando más de 1.400 solicitudes para que se archive el expediente de concesión de aguas del río Ulla, argumentando que la Xunta no ha cumplido con los plazos requeridos. Según Adega, ha transcurrido el período máximo de 18 meses establecido por la normativa, tiempo tras el cual, asegura, el expediente tiene que ser considerado como caducado.

Belén Rodríguez, secretaria ejecutiva de Adega, ha expresado su frustración ante la decisión de Augas de Galicia de mantener el expediente activo, lo que a su juicio es irregular y va en contra de la legislación vigente. La organización ecologista insta a la administración a cerrar el caso de manera definitiva.

Adega no está sola en su lucha. Junto con la Plataforma na Defensa da Ría de Arousa (PDRA), que también había presentado un reclamo formal, están considerando elevar el asunto al Tribunal Superior de Xustiza de Galiza si no reciben una respuesta satisfactoria en un plazo de dos meses. Este es un paso significativo que subraya la determinación de estas organizaciones para frenar el avance del proyecto.

La movilización social contra la macrofábrica de Altri ha sido palpable, como lo demostraron las múltiples firmas recolectadas por Adega en las últimas semanas. Rodríguez destacó la fuerte oposición de la comunidad, evidenciando que el rechazo a la propuesta de Altri es amplio y bien organizado.

Paralelamente, Podemos Galicia y Alianza Verde han comenzado a presionar desde el ámbito político, dirigiendo una serie de preguntas al Ministerio de Asuntos Exteriores. Estas preguntas tienen como objetivo instar a la Delegación Permanente de España ante la UNESCO a tomar una postura activa para salvaguardar el patrimonio ante la amenaza que representa este proyecto industrial.

En un comunicado, señalaron que en marzo de 2024, ICOMOS España ya había recomendado realizar una Evaluación de Impacto Patrimonial (EIP) independiente antes de avanzar en el proyecto. No obstante, critican que los únicos informes presentados hasta ahora han sido encargados por la propia empresa responsable, lo cual plantea serias dudas sobre su imparcialidad.

Este contexto es el reflejo de un debate más amplio sobre las obligaciones de la administración pública en la protección del patrimonio cultural y medioambiental, especialmente en áreas tan sensibles como el Camino de Santiago. Podemos Galicia y Alianza Verde solicitan al Ministerio una respuesta clara y medidas concretas para asegurar que el tramo gallego de este emblemático camino no se vea comprometido.

Finalmente, en un informe publicado por BankTrack, en colaboración con Greenpeace y la Red Environmental Paper Network, se denuncian los potenciales daños que este proyecto desarrollador podría infligir, además de instar a los inversores a reconsiderar su participación en el financiamiento de la iniciativa.

El creciente descontento entre la población y las organizaciones involucradas señala una vez más la importancia de un enfoque cauteloso y responsable hacia el desarrollo industrial en regiones con un patrimonio natural y cultural tan significativo como el gallego.