Un reciente informe de EAPN Galicia revela el impacto significativo del Estado de Bienestar en la reducción de la pobreza en la región, destacando el alquiler como un factor crucial que contribuye al empobrecimiento.

Con fecha de 17 de octubre de 2024, se informa que en Galicia, más de 500.000 personas enfrentan riesgos de pobreza y exclusión social, lo que representa el 18,8% de la población. Este dato señala una mejora respecto al año anterior, con una disminución de 180.000 individuos en esta situación, lo que equivale a 6,7 puntos menos que en 2023.

Durante la presentación del informe titulado 'O estado da pobreza en Galicia' en el Parlamento gallego, se encontraron presentes varias autoridades, incluyendo a la presidenta de EAPN Galicia, Ana Pardo Fernández, y el director de la asociación, Xosé Cuns. En el evento también se hizo notar la participación del presidente de la Cámara gallega, Miguel Ángel Santalices, y la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño.

A pesar de la disminución en las cifras, Cuns exhortó a evitar "mensajes triunfalistas" y subrayó que Galicia sigue por debajo de la media nacional en términos de pobreza. Este año, se realizaron comparaciones con comunidades como Madrid y Castilla y León, donde las tasas de pobreza aumentan. "Diferentes políticas generan diferentes resultados", afirmó Cuns.

El análisis detalla que todos los indicadores que componen la tasa Arope, que incluye pobreza, intensidad laboral y carencia material, han mostrado reducción. La tasa Arope se ha rebajado del 26,5% en 2023 al 25,8% en 2024.

Desglosando los datos, la pobreza general ha caído, pasando del 19,4% al 14,2%, lo que significa que aproximadamente 384.000 personas han salido de esta situación. La pobreza severa también disminuyó, aunque a un ritmo más lento, de 7% a 5,9%, lo que representa unas 160.000 personas menos en esta categoría, manteniendo sus cifras por debajo del promedio nacional.

Además, el índice de carencia material se ha reducido hasta un 4,8%, descendiendo desde el 8,2% del año pasado, lo que indica que alrededor de 130.000 personas han mejorado su situación material, siendo 91.000 de ellas beneficiadas en el último año. Sin embargo, preocupa que hay un 16,6% de la población que no puede mantener su hogar a una temperatura adecuada y un 26,8% que enfrenta dificultades para hacer frente a gastos imprevistos.

Entre los grupos más afectados, se observa una notable mejora en la tasa de pobreza femenina, que ahora muestra una brecha de género reducida. En 2024, de las 509.000 personas en riesgo, cerca de 228.000 eran hombres y casi 281.000 mujeres, mostrando descensos significativos en ambas categorías.

El informe también destaca aspectos positivos en la pobreza infantil, con tasas en mínimos históricos, ubicándose en un 17,5%. Sin embargo, el riesgo para los mayores de 64 años persiste, aunque también ha disminuido a un 18,9%. Curiosamente, se ha evidenciado que tener hijos ya no es un factor que aumente la pobreza, pues la tasa en hogares con niños se sitúa en 15,7%, frente al 21% en hogares sin menores.

Un tema clave abordado es la relación entre la discapacidad y la pobreza, con una tasa del 28,7% para personas con discapacidades, comparado con el 15,8% de aquellos sin estas condiciones. El informe también subraya cómo el alquiler impacta negativamente a las finanzas, con una tasa AROPE del 36,1% para quienes viven arrendados, frente al 14,8% de quienes poseen sus viviendas.

En términos de gasto, las personas en pobreza dirigen un 33,2% de sus ingresos hacia la vivienda, y un 22,6% gasta más del 40% de su renta en este concepto. En 2024, se registró que el 4,6% de los gallegos enfrentó retrasos en el pago de facturas, cifra que se ha reducido en comparación con 2023, acercándose a los niveles de 2019.

Además, un 5,1% de la población habita en hogares con falta de espacio, cifra que ha aumentado desde el año anterior. Los responsables del estudio han insistido en la relevancia del Estado de Bienestar y la cooperación entre administraciones, incluyendo entidades del tercer sector, para mejorar estas estadísticas.

Según el análisis, sin las transferencias públicas existentes en 2024, la pobreza podría alcanzar el 42,3%, lo que implicaría que 1.144.000 personas caerían en esta situación, es decir, 760.000 más que en la actualidad. Del mismo modo, la pobreza severa aumentaría en casi 842.000 personas si se eliminan las prestaciones disponibles.

Las pensiones juegan un papel crucial en este contexto, con un impacto mayor en Galicia, reduciendo la pobreza en 22,5 puntos, frente al 16,6 puntos a nivel nacional. Otra novedad del informe incluye el análisis de las contribuciones de los municipios, revelando claras desigualdades. A Coruña lidera en gasto social por habitante, mientras que Pontevedra se posiciona en el extremo opuesto.

El aumento de la renta media en Galicia, casi el doble de la media nacional, y la inclusión sociolaboral de la población migrante son factores que contribuyen a esta mejora, según lo explicado por Cuns. Pardo Fernández ha hecho un llamado a las administraciones a fomentar la colaboración: “Las acusaciones entre ellas no tienen sentido, ninguna puede abordar este fenómeno por sí sola”, enfatizó.

Además, se mencionaron iniciativas por parte de la Xunta como la educación gratuita para niños de 0 a 3 años, y el mantenimiento de la Risga, a pesar de la implementación del Ingreso Mínimo Vital. Pardo Fernández reafirmó tres prioridades: reformar la ley de inclusión social para facilitar el acceso a la Risga, apoyar a las familias monomarentales e impulsar programas de integración sociolaboral.

El encuentro culminó con reflexiones sobre el clima de respeto en Galicia, donde se evita la aparición de discursos de odio y extrema polarización política. En este sentido, se destacó que la ciudadanía gallega debe mantenerse alejada de actitudes aporafóbicas, y el enfoque en los derechos humanos y la dignidad de las personas debe prevalecer en la lucha contra la pobreza.

Por último, el presidente del Parlamento ha llamado a la prudencia en la interpretación de los datos positivos, defendiendo el gasto social del Gobierno gallego ante quienes cuestionan su sostenibilidad. Santalices subrayó que, a pesar de las discrepancias políticas, hay un espacio para el consenso en temas fundamentales como la igualdad, lo que es motivo de celebración.