El Gobierno de Galicia ha recordado a las empresas arrendatarias de vehículos de transporte con conductor (VTC) sobre la importancia de cumplir con la normativa vigente que regula este servicio en la región.

En un comunicado emitido el 16 de octubre, la Consellería de Presidencia ha confirmado que se han emitido casi 250 actas de infracción este año, siendo Santiago de Compostela y A Coruña los municipios más multados, con 116 y 112 actas, respectivamente. Vigo y Culleredo también han recibido sanciones, aunque en menor medida, con 17 y 2 actas, respectivamente.

La Xunta enfatiza que es fundamental que los vehículos VTC operen de acuerdo con la ley, lo que incluye la prohibición de cualquier tipo de publicidad o marcas externas que identifiquen su carácter de servicio. Además, cada vehículo debe llevar consigo el contrato pertinente, que debe incluir detalles como la identificación del conductor y del automóvil, así como los términos del servicio, incluyendo el precio y duración.

Asimismo, es obligatorio que las empresas informen al Registro de Comunicaciones de Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor (RCTV) tanto sobre la existencia de contratos como sobre el comienzo de los servicios, y que los usuarios deben realizar las reservas con al menos 15 minutos de antelación, según la normativa vigente.

La Xunta de Galicia ejerce su autoridad para "controlar y sancionar" cualquier incumplimiento relacionado con los servicios de transporte interurbano en la comunidad, en consonancia con las normativas nacionales y locales. Esta facultad es fundamental para garantizar que se sigan las disposiciones establecidas por la legislación de transporte.

Las licencias VTC otorgadas en Galicia son gestionadas por el Gobierno regional a través de una delegación del Estado. Cabe destacar que estas licencias son de ámbito nacional e interurbano, lo que significa que no están destinadas a servicios dentro de los propios municipios.

Cuando se detectan infracciones que caen bajo la competencia municipal, como el servicio de tráfico urbano, la Xunta se encarga de informar a los respectivos ayuntamientos, quienes son los encargados de aplicar las sanciones pertinentes. Hasta la fecha, la Xunta ha realizado un seguimiento riguroso sobre los servicios VTC, resultando en un considerable número de actas enviadas a las autoridades locales.