La Fiscalía ha decidido poner fin a las diligencias informativas relacionadas con un incidente que involucra a un menor, quien, al no haber cumplido aún 14 años, es considerado inimputable.
OURENSE, 16 de mayo.
Un estudiante de quinto de primaria del CEIP As Mercedes en Ourense ha sido expulsado de manera preventiva tras un alegado caso de agresión sexual dirigido hacia una compañera de solo 5 años.
Los incidentes, según información recabada, se habrían producido la semana pasada dentro de las instalaciones escolares, pero durante un periodo sin supervisión académica.
La niña involucrada narró que el menor la llevó a los baños del colegio, donde tuvo lugar el episodio que ha sido caracterizado como una presunta agresión sexual.
Tras conocer la situación, la Fiscalía de Menores inició una investigación para esclarecer los hechos. Sin embargo, esta indagación tuvo que ser clausurada al comprobar que el niño infractor no ha alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal, establecida en 14 años.
En el CEIP As Mercedes, la jornada escolar se extiende hasta las 14:00 horas. A partir de ese momento y hasta las actividades extraescolares, que comienzan alrededor de las 16:00, los alumnos permanecen bajo la tutela de la Asociación de Padres y Madres (ANPA), responsable de la gestión del comedor. El incidente ocurrió durante este periodo, según parece indicar la Consellería de Educación.
El tratamiento del caso se llevó a cabo con la mayor celeridad posible, luego de que la dirección del centro informara a la Consellería de manera inmediata, y se activaron los protocolos pertinentes. Educación afirmó que, ante una posible conducta grave, se abrió un expediente que permitiría señalar las medidas apropiadas a tomar en función de la gravedad de la situación.
A pesar de que inicialmente la Fiscalía Provincial de Ourense había comenzado diligencias sobre este asunto, fue necesario archivarlas al confirmar que el menor no supera los 14 años, impidiéndole, por tanto, asumir responsabilidades penales.
No obstante, se indicó que se había abierto un "expediente de protección" relacionado con el supuesto agresor, para que la Xunta examine si es necesario implementar alguna medida, que podría ser de carácter educativo, terapéutico o de atención social, con el fin de garantizar el bienestar y desarrollo del niño.
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