El ámbito de la restauración y la alimentación en Galicia ha sido objeto de un estricto control por parte de la Consellería de Sanidade, que ha resultando en la suspensión de actividades en 36 negocios durante el año 2024 debido a irregularidades en materia de higiene. Esta acción responde a un esfuerzo por garantizar la seguridad alimentaria entre la población gallega.

En un contexto de creciente preocupación por la salud pública, la Xunta se encuentra en proceso de implementar un nuevo decreto enfocado en la regulación de la higiene en los 'food trucks' y otros establecimientos móviles de venta de alimentos. Este decreto incluirá un censo exhaustivo de estos locales, así como inspecciones regulares y un marco sancionador severo, que contempla multas que pueden oscilar entre 20.000 y 600.000 euros en casos graves.

Jose Ángel Viñuela, responsable del servicio de seguridad alimentaria, explicó en una reciente entrevista que el primer paso para mejorar la seguridad alimentaria es identificar y registrar todos los establecimientos que operan en el ámbito de la venta ambulante. Esta iniciativa surge tras un brote de salmonela ocurrido en el Trasan Fest a finales de junio en Oza-Cesuras, que dejó más de 160 personas afectadas y varias hospitalizaciones.

El decreto anterior no contemplaba el registro de negocios dedicados a la venta ambulante, lo que ha motivado a la Xunta a actualizar dicha normativa. El nuevo marco legal, ya enviado al Consello Consultivo, ampliará la lista de actividades clasificadas en el Registro Gallego Sanitario de Empresas e Establecimientos Alimentarios (Regasa) para incluir 'food trucks', así como otros puestos de comida móvil y locales de preparación de pedidos.

Las inspecciones se realizarán con una frecuencia que variará entre una vez al año y una cada cinco años, dependiendo del tipo de actividad, los productos elaborados y los procesos usados en cada negocio. Este enfoque busca asegurar que los establecimientos sean evaluados de manera adecuada y con la regularidad necesaria para prevenir riesgos sanitarios.

El régimen sancionador que se adjunta al decreto establece distintas categorías de infracciones, con multas que van desde los 5.000 euros hasta los 600.000 euros. Viñuela aclara que, en los casos más graves, incluso se podría llegar al cierre del establecimiento tras la detección de irregularidades significativas.

Este nuevo decreto tiene como objeto adaptarse a la normativa estatal sobre seguridad alimentaria y modernizar el registro de establecimientos en Galicia, abordando así la necesidad de actualizar ciertos requisitos para la venta de productos alimentarios. Según Viñuela, dada la profundidad de los cambios necesarios, se optó por la creación de un nuevo decreto en lugar de realizar modificaciones a los anteriores.

Tras el incidente en el Trasan Fest, el responsable de seguridad alimentaria consideró que la frecuencia de intoxicaciones no ha aumentado significativamente en Galicia en los últimos años, aunque reconoció que los brotes son comunes en grandes eventos, donde la afluencia de personas y la rapidez en la preparación de los alimentos pueden contribuir a la laxitud en buenas prácticas higiénicas.

Además, sugirió que la época veraniega agrava estos problemas, ya que las altas temperaturas favorecen el crecimiento de microorganismos, a lo que se suma una cierta relajación en los hábitos de higiene durante los festivales. Este cóctel de factores incrementa el riesgo de brotes de intoxicación alimentaria durante el verano.

La Consellería de Sanidade ha llevado a cabo un total de 14.813 inspecciones a lo largo de 2024, evaluando 10.002 establecimientos de restauración y minoristas de alimentos. De estas, el 61,5% correspondieron a negocios de restauración colectiva y el 38,5% restante a tiendas de alimentación diversa como panaderías y carnicerías.

Del total de inspecciones, se registraron 5.529 incumplimientos, mayormente relacionados con la producción de alimentos, aunque la Xunta afirma que la gran mayoría se corrigen sin necesidad de sanciones, con solo un 10% que realmente termina en expedientes sancionadores.

Se identificaron también violaciones en las condiciones higiénicas, aunque en la mayoría de los casos sin riesgo severo para la salud. En situaciones de riesgo, los inspectores se ven obligados a suspender operaciones temporalmente o inmovilizar productos. Este año, 36 suspensiones se llevaron a cabo como resultado de dichos incumplimientos.

Viñuela enfatizó que la suspensión de la actividad no se considera una sanción, sino como una medida preventiva esencial para proteger la salud pública. Esto implica que, ante el hallazgo de irregularidades, se ordena al establecimiento cesar su actividad hasta que se logren subsanar las deficiencias detectadas, generalmente relacionadas con la higiene.