El ambiente educativo en Galicia está cada vez más tenso. Este miércoles, un nutrido grupo de docentes se congregó frente a la sede de la Consellería de Educación en San Caetano, Santiago de Compostela, en una manifestación organizada por la CIG-Ensino, donde se exigieron derechos que, según los asistentes, han sido eliminados desde 2009.

La situación resulta alarmante, ya que la secretaria nacional de CIG-Ensino, Laura Arroxo, ha advertido que si el Gobierno gallego no toma medidas en el próximo curso, están dispuestos a considerar cualquier acción necesaria, incluyendo una posible huelga al inicio del año académico. Arroxo declaró: "Calentaremos el ambiente para encauzar cualquier lucha que sea necesaria".

La concentración contó con el apoyo del Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino da Galiza (STEG), y su objetivo es instar al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, a que revise sus enfoques y inicie un diálogo para restablecer los derechos anteriores y dignificar la profesión docente.

Un punto clave de la controversia es un acuerdo firmado en octubre de 2023 entre la Xunta y otros tres sindicatos (CCOO, ANPE y UGT) que, según la CIG, no aborda adecuadamente los problemas de las ratios y el horario lectivo. Arroxo criticó el pacto, señalando que limita las futuras negociaciones esenciales para mejorar las condiciones laborales del cuerpo docente.

Además, la líder de CIG-Ensino subrayó la necesidad de reducir la burocracia que pesa sobre los educadores, reclamando su derecho a enfocarse en lo que realmente les apasiona: la enseñanza.

Un tema candente que surgió durante la protesta fue la solicitud de destitución del subdirector xeral de Inspección e Avaliación do Sistema Educativo, Enrique Prado Cueva. Este funcionario ha generado controversia por publicaciones en las que elogia a Vox y emite comentarios despectivos hacia los docentes, a quienes tilda de "clase ociosa". Arroxo lo criticó, argumentando que sus ideologías atacan directamente al tejido educativo gallego.

En respuesta a estas exigencias, tanto el conselleiro de Educación como el de Presidencia defendieron la "libertad de pensamiento" del subdirector, insistiendo en que es un "funcionario". Sin embargo, Arroxo dejó claro que no se trata de un simple funcionario, sino de un cargo político que debe ser cesado por sus palabras y actitudes hacia el profesorado.

Esta serie de protestas también se enmarca en las nuevas instrucciones para el curso escolar que ha impuesto la Consellería, que incluyen pautas sobre la "neutralidad ideológica" en las actividades escolares, lo cual ha suscitado aún más críticas.

En lo que respecta a la posibilidad de una huelga similar a la convocada en Asturias, CIG no descarta esta opción, mientras que STEG urgió a CIG y CSIF a cooperar en una iniciativa de protesta en respuesta al acuerdo del año pasado, incluyendo la posibilidad de una huelga indefinida.

La secretaria nacional de CIG-Ensino recordó los esfuerzos conjuntos anteriores hasta 2019, que se vieron interrumpidos por el cambio de prioridad tras la pandemia. Desde entonces, CCOO, ANPE y UGT han optado por un acuerdo que, a juicio de CIG, no alcanza a mejorar efectivamente las condiciones necesarias para el profesorado.

Arroxo se mostró decidida a continuar la lucha, apuntando que serán acompañados por diversas organizaciones, no solo sindicales, destacando el apoyo de familias que ven en sus reivindicaciones una mejora significativa para la educación pública en Galicia.