El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha declarado desierto el proceso de licitación pública para contratar la práctica de interrupciones voluntarias de embarazos de hasta 14 semanas en Galicia. El contrato, valorado en casi 1,4 millones de euros durante tres años, no recibió ninguna oferta. Esta situación ha llevado a la Consellería de Sanidade a evaluar cómo proceder en el futuro.

La ley de contratos del sector público de 2017 permite recurrir a un procedimiento negociado sin publicidad en casos como este, lo que significa que se podría pactar el contrato y su precio con una empresa privada sin hacer una convocatoria pública. Otra opción sería volver a sacar a licitación el servicio pero con condiciones modificadas para atraer a participantes interesados.

La Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria de la Consellería de Sanidade ha asegurado que la declaración de un concurso desierto es un procedimiento habitual y que se está evaluando cómo garantizar las interrupciones voluntarias del embarazo en Galicia en el futuro.

A pesar de esta situación, Sanidade ha reafirmado que continuará garantizando esta prestación a cualquier mujer que la necesite en Galicia. Los pliegos del contrato justificaban la licitación por el incremento y continuidad de la prestación asistencial, así como por la falta de recursos suficientes en el servicio sanitario y la objeción de conciencia de algunos facultativos del sistema público.

El contrato que salió a concurso tenía una duración inicial de tres años y un valor estimado de 1.373.910 euros. En caso de prórrogas y modificaciones, el total ascendería a 2.564.632 euros. Estaba dividido en dos lotes, uno destinado a las áreas sanitarias de A Coruña-Cee, Ferrol, Santiago-Barbanza y Lugo-A Mariña-Monforte, y otro para las áreas de Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras, Vigo y Pontevedra-O Salnés.

Se estima que esta licitación cubriría alrededor de 805 abortos al año en Galicia, la mayoría de ellos realizados con instrumental y solo cuatro mediante métodos farmacológicos.

Según un informe enviado por la Xunta al Parlamento gallego, entre 2020 y 2022 se practicaron en Galicia un total de 10.515 abortos, de los cuales el 64,32% se realizaron en el Sergas y el 35,68% en clínicas privadas autorizadas.