La Consellería de Vivienda de Galicia espera que el Ministerio de Vivienda modifique algunos elementos de su plan estatal, especialmente en lo que se refiere a las ayudas para promotores que opten por la compraventa de viviendas y la urbanización de terrenos.

En declaraciones recientes, la conselleira María Martínez Allegue expresó su confianza en que el ministerio tome en cuenta las sugerencias gallegas, incluyendo la creación de líneas de ayudas no solo para alquiler, sino también para fomentar la construcción destinada a la compraventa.

Estas afirmaciones se realizaron tras la conferencia sectorial celebrada en Madrid, donde se discutieron las diferencias en torno al proyecto. Ambas partes se han comprometido a llevar a cabo un nuevo encuentro la semana próxima. Martínez Allegue, quien había solicitado un grupo de trabajo, manifestó su esperanza en que la reunión sea fructífera.

La consellería ya ha presentado alegaciones al ministerio, que incluyen, además de las solicitudes mencionadas, la necesidad de reducir la burocracia en la contratación pública, particularmente en los criterios de evaluación de licitaciones.

“Es imprescindible contar con un plan integral que proporcione respuestas a esta problemática estructural”, enfatizó la conselleira. "Estamos esperanzados en que el ministerio revise su postura y podamos, junto a todas las comunidades autónomas, establecer un plan estatal que beneficie a la ciudadanía", añadió.

Tras la reunión de cuatro horas del jueves, el equipo de la consellería siente que el ministerio ha reconocido la importancia de ofrecer ayudas a los promotores que construyan viviendas en régimen de compraventa. Por lo tanto, la Xunta mantiene una visión optimista sobre la posibilidad de que el Gobierno central considere estas propuestas.

Asimismo, fuentes de la Consellería de Vivienda anticipan que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobará el plan estatal en un Consejo de Ministros previsto para diciembre, seguido de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Sin embargo, se advierte que, basándose en la experiencia desde 1991, se requerirá un plazo de entre cinco y seis meses desde la publicación para formalizar los convenios con las comunidades y transferir los fondos, lo que retrasaría la implementación efectiva hasta aproximadamente junio.

Para facilitar la ejecución del plan estatal, las comunidades autónomas no necesitan votar su aprobación, aunque sí es necesario su respaldo al reparto de los fondos disponibles.

En el caso de Galicia, la Xunta está dispuesta a asumir un 40% de cofinanciación del nuevo plan estatal. No obstante, existe preocupación entre algunas comunidades que han manifestado su incapacidad para realizar esta inversión adicional.

El nuevo plan estatal contempla un total de 7.000 millones de euros, de los cuales el 60% son fondos estatales y el 40% corresponden a las autonomías. Para la comunidad gallega, se prevé una asignación de 399 millones de euros para el periodo 2026-2030, sumando ambas fuentes de financiación.