La Audiencia Provincial de Pontevedra ha dictado una sentencia que condena al alcalde de Agolada, Luis Calvo, del Partido Anticorrupción y Justicia, a tres años y medio de cárcel y una inhabilitación de 13 años y medio. Los cargos incluyen falsedad documental y prevaricación debido a su intento de paralizar las obras de ampliación de la depuradora de una empresa láctea.

El tribunal determinó que Calvo, el 20 de enero de 2020, elaboró y firmó un informe en el que afirmaba que la Comisión de Gobierno había aprobado el precinto de las obras por irregularidades en la licencia municipal. Sin embargo, esa Comisión de Gobierno no existía en ese momento, ya que fue creada posteriormente, el 17 de febrero de 2020, lo que pone en evidencia la falta de fundamento de sus afirmaciones.

La sentencia subraya que el propósito de Calvo era detener la actividad de la depuradora. Para ello, decidió llevar a cabo el precinto y redactó un documento falso, consciente de que su contenido era completamente incierto. Este acto provocó pérdidas económicas significativas para la empresa, que ascenden a casi 25,000 euros, dinero que el alcalde debe reembolsar como indemnización.

El fallo judicial revela que la medida de precinto fue una decisión unilateral del alcalde, tomada sin seguir los procedimientos adecuados y con pleno conocimiento de su ilegalidad. El 20 de enero de 2020, Calvo envió desde su correo electrónico en el Ayuntamiento una notificación a la empresa, informando de su decisión de precintar las obras, a pesar de la falta de intervención del secretario-interventor, un requisito esencial en este tipo de actuaciones.

Una investigación realizada por el secretario-interventor logró concluir que la responsabilidad de adoptar dicha medida recaía en la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de la Xunta, y no en el propio alcalde. Además, se constató que desde el 19 de noviembre de 2019 no había evidencias de que las obras se estuvieran ejecutando, lo que pone en tela de juicio la urgencia de su intervención.

A pesar de recibir advertencias sobre su actuación ilegal y la inexistencia de justificaciones para el precinto, Calvo emitió el 5 de febrero de 2020 un decreto que confirmaba su decisión. Esto ha llevado a los magistrados a calificar su conducta como arbitraria y absolutamente inaceptable dentro del marco legal vigente.