SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 de junio.

Después de más de una década y de una sentencia que ha puesto bajo el foco a un ex alto funcionario de Adif y al conductor del tren, las víctimas del trágico accidente del Alvia en Angrois, ocurrido en julio de 2013, han decidido no salir a las calles de Santiago este 24 de julio. Este año, se han ausentado del tradicional homenaje a las víctimas, que históricamente se celebraba cerca de las vías en la curva de A Grandeira.

La larga lucha legal ha atravesado múltiples fases de cierres y reaperturas, comenzando el juicio sobre las responsabilidades del siniestro, que costó 80 vidas y dejó más de cien heridos, en octubre de 2022. El proceso se extendió durante 10 meses y culminó en julio de 2024, cuando la justicia determinó que se condenaba al exdirector de seguridad de Adif y al maquinista de Renfe por 79 homicidios imprudentes y 143 lesiones.

A día de hoy, los jueces de la Audiencia Provincial de A Coruña no tienen un plazo definido para resolver los 108 recursos que se han interpuesto contra esta sentencia. Algunas de las partes interesadas presumen que la resolución podría no llegar hasta 2026, extendiendo aún más la incertidumbre para los afectados.

La decisión de no organizar una manifestación en esta ocasión surge tras la última asamblea de la plataforma de víctimas, celebrada el 23 de julio, justo tres días antes de conocer el veredicto judicial. En esta reunión, inevitablemente con menos asistentes que en años anteriores, se escucharon voces que expresaron un profundo cansancio y el deseo de cerrar este capítulo doloroso.

Después de tantos años de lucha, incluyendo reaperturas propiciadas por la presión de la Unión Europea, los familiares de las víctimas han sentido la necesidad de pasar a otra etapa. Cada año, han conmemorado la tragedia en el mismo momento en que ocurrió, durante el día de las festividades gallegas, lo que ha añadido un peso emocional adicional a su duelo.

De acuerdo con Jesús Domínguez, presidente de la plataforma, el aniversario de este año se conmemorará el 23 de julio con un encuentro privado de familiares en memoria de los fallecidos. También se llevará a cabo una lectura de un comunicado el día 24 en la estación de tren de Santiago.

Las víctimas se encuentran a la espera de una respuesta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que está revisando el reclamo para exigir una investigación independiente sobre el desastre. Este proceso se opone a las conclusiones de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), que ha sido criticada y cuya imparcialidad está en entredicho debido a que, según su criterio, el único responsable fue el maquinista por exceso de velocidad.

A pesar de que la CIAF ha rechazado la necesidad de revisar su investigación, ha recomendado mejoras en la seguridad ferroviaria para prevenir futuros incidentes de esta naturaleza.

Con el objetivo de activar una nueva investigación, la plataforma ha llevado su demanda a Europa, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se comprometió a examinar el caso lo más pronto posible, según un comunicado enviado a la asociación de afectados el 5 de febrero pasado.

Aunque el tribunal ha indicado su intención de acelerar el proceso, hay que señalar que recibe menos del 5% de los casos que se le presentan, lo que añade una capa adicional de dificultad a la búsqueda de justicia.

La denuncia fue presentada en julio de 2021 ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el Gobierno y la CIAF, solicitando una investigación que cumpliera con los parámetros de legalidad y que abordara las deficiencias mencionadas por la Comisión Europea en su informe.

Tras agotar todas las instancias del sistema judicial español, la plataforma ha acudido al Tribunal Europeo con la esperanza de que se reconozca la vulneración del derecho a un juicio justo y se verifique si el Estado español ha protegido adecuadamente los derechos de las víctimas y sus familias.