En un sorprendente giro de los acontecimientos, cuatro individuos vinculados con el importante caso de tráfico de drogas del barco Karar han logrado abandonar España, a pesar de haber sido sujetos a restricciones que les impedían salir del país y de haberles sido confiscados los pasaportes. Entre ellos se encuentra el capitán del buque, Alim Ullah, así como tres tripulantes extranjeros.

Estos cuatro acusados forman parte de un grupo mayor de 28 personas, que incluye al arousano Juan Carlos Santórum y a varios de sus asociados, todos ellos actualmente a la espera de una resolución judicial. El alijo de 3,8 toneladas de cocaína fue interceptado en abril de 2020, y la audiencia correspondiente se llevó a cabo en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Fuentes del entorno judicial han revelado que la Audiencia tomó conocimiento de la salida de estos individuos gracias a la alerta activada en los aeropuertos mediante la División de Cooperación Internacional. Estos acusados se encontraban en libertad provisional tras haber estado recluidos durante cuatro años y sus condiciones cautelares les prohibían dejar el país.

Ante esta situación, la Audiencia Provincial ha iniciado las diligencias necesarias para determinar si se ha cometido algún delito de quebrantamiento de las normas, enviando la información a los juzgados que estén de guardia, tal como se ha indicado desde el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Alim Ullah, el capitán del Karar, admitió durante el juicio que estaba al tanto de que su embarcación transportaba cocaína rumbo a las rías gallegas. El barco partió de Panamá, donde cargó la sustancia prohibida frente a las costas de Colombia. Durante su travesía, el gallego José Manuel B.G., el único español en la tripulación de 15 miembros, era el responsable de supervisar este controversial cargamento, compuesto en su mayoría por tripulantes de Bangladesh y Nepal.

El macrojuicio, que se extendió por casi un año y abarcó más de 10 meses de audiencia, incluido un número considerable de declaraciones, concluyó en febrero pasado. Durante los últimos alegatos, el fiscal modificó sus peticiones, reduciendo la sanción solicitada para los tripulantes del Karar de 13 a 7 años y medio de prisión por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

En cuanto a Juan Carlos Santórum y otros implicados en el caso, el Ministerio Público ha mantenido sus exigencias iniciales: 18 años y medio de prisión para Santórum y una multa de 438 millones de euros, además de penas de hasta 19 años y medio para otros encausados, que enfrentan también acusaciones de blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.