La Delegación del Gobierno en Galicia ha confirmado que la condonación de deuda estatal para la comunidad gallega se eleva a la cifra de 4.010 millones de euros. Este hecho representa una reducción significativa del 33% con respecto al saldo de deuda registrado a finales de 2023.

Este importante paso, según la Delegación, ofrecerá a Galicia la oportunidad de "fortalecer su posición financiera, mejorar su acceso a los mercados, incrementar su autonomía política y contar con más recursos destinados a sectores vitales como la sanidad, la educación y los servicios sociales."

En una reunión del Consejo de Ministros, se ha aprobado un anteproyecto que busca la condonación parcial de la deuda de las comunidades autónomas, lo que implicará que el Estado se haga cargo de un total de 83.252 millones de euros. Esto representa aproximadamente una cuarta parte de la deuda total de las comunidades autónomas de régimen común. El Gobierno insiste en que esta medida no supone un agravio para ninguna comunidad, ni un beneficio exclusivo para Cataluña.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que es erróneo pensar que esta condonación favorezca a Cataluña en detrimento de otras regiones de España. De hecho, ha subrayado que todos los territorios se verán beneficiados, incluso aquellos que no tienen deudas con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), como es el caso de la Comunidad de Madrid.

Montero ha cifrado el ahorro en intereses para las comunidades autónomas entre 6.600 y 6.700 millones de euros, recursos que podrían ser redirigidos hacia el fortalecimiento de las políticas sociales en salud, educación y dependencia.

La ministra también ha indicado que de los 83.252 millones que el Estado contempla asumir, alrededor de 60.000 serán distribuidos según el criterio de "población ajustada", lo que resultará en una condonación media del 19% sobre la deuda autonómica.

De esta forma, el Estado asume casi el 20% de la deuda acumulada por las comunidades, tomando en cuenta la situación particular de cada una. La vicepresidenta ha remarcado que esta propuesta es completamente "voluntaria" y ha insistido en que es un error pensar que la condonación de la deuda favorezca a Cataluña a expensas del resto de España. "De los 83.252 millones, casi 60.000 pertenecen a comunidades gobernadas por el PP. Así que 7 de cada 10 euros condonados van a beneficiar a territorios bajo su mando", ha argumentado.

Para ilustrar su afirmación, Montero ha destacado que Andalucía es la comunidad con la mayor condonación en términos absolutos, alcanzando los 18.791 millones de euros. En contraste, la Comunitat Valenciana es la que se beneficia de la mayor quita por habitante, con 2.284 euros, y Canarias lidera en porcentaje de deuda condonada, alcanzando el 50%.

“Así que, ¿dónde está el agravio? ¿Cuál es el perjuicio?", se ha preguntado la ministra, insistiendo en que los datos contradicen las afirmaciones del PP.

Refiriéndose a la Comunitat Valenciana, Montero ha destacado que no hay razones para que esta autonomía, que no puede acceder a los mercados debido a su situación financiera, continúe en esta situación por la influencia de su president, Carlos Mazón, en manos del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

A pesar de las reticencias del PP hacia esta medida, Montero ha previsto que, en última instancia, las comunidades bajo su gobierno optarán por acogerse a esta condonación. "Por mucho que intenten presentar su narrativa, acabarán aceptándolo, pues es una decisión que beneficia a todo el territorio", ha añadido.

El objetivo del Gobierno es permitir que las comunidades recuperen su autonomía financiera y política, lo cual les facilitará volver a acceder a los mercados. La ministra ha aclarado que el FLA, que se ha vuelto permanente, debería considerarse una anomalía, dado que comenzó como una ayuda temporal y ha impedido que las comunidades asuman de nuevo la deuda en los mercados tras 15 años.

En cuanto a los plazos, se ha anunciado que el anteproyecto se enviará a un periodo de audiencia pública donde las comunidades autónomas podrán presentar sus comentarios. El Ejecutivo prevé llevar la norma al Congreso antes de finalizar el año, con la intención de que sea aprobada de manera definitiva en el primer trimestre de 2026.

No obstante, la vicepresidenta ha mostrado cautela, advirtiendo que será necesario tener en cuenta el proceso de enmiendas por parte de las diversas formaciones políticas en el Parlamento.