La Interpol ha emitido una alerta de carácter urgente al emitir una notificación roja, en relación a un caso alarmante que involucra la supuesta explotación de marineros senegaleses a bordo de un pesquero gallego. Según esta notificación, se acusa al capitán de forzar a la tripulación a trabajar hasta 22 horas diarias, en condiciones deplorables y con escasas garantías de salud.

En un informe publicado el 30 de enero en Vigo, se detalla que la Policía española detuvo al capitán del buque pesquero conocido como 'Loitador' en el mes de diciembre. Esta detención se produce en el marco de una investigación que se lleva a cabo en Argentina y que implica graves acusaciones de trata de personas con fines de explotación laboral, específicamente apuntando a marineros de Senegal.

El caso tiene su origen en un incidente que se remonta a 2017. Fue entonces cuando uno de los marineros a bordo del mencionado pesquero fue evacuado en estado crítico por la Prefectura Naval de Argentina, a 135 millas marinas de Puerto Deseado. Este evento desencadenó una serie de investigaciones que han puesto al descubierto las condiciones laborales inhumanas en las que se encontraban los trabajadores a bordo del 'Loitador'.

El capitán, de 56 años, fue arrestado tras la activación de la notificación roja por parte de Interpol. Las investigaciones apuntan a que la presunta explotación laboral se agravó por la circunstancia de que las víctimas se encontraban en una situación de vulnerabilidad extrema. Al menos uno de los marineros, de nacionalidad senegalesa, logró ser rescatado de la embarcación y ha sido una fuente crucial de información para el proceso judicial.

La Fiscalía de Caleta Olivia ha indicado que la salud del marinero senegalés, cuya situación crítica fue clave en el avance judicial, reveló un patrón de abuso sistemático. El marino, que estuvo en condiciones de coma, informó que se le exigía trabajar en jornadas extremadamente largas, hasta 22 horas al día, los siete días de la semana. Además, se encontraba en condiciones insalubres, carecía de vestimenta adecuada y recibía una remuneración inferior al salario mínimo reconocido internacionalmente.

La investigación también sugiere que el capitán había reclutado a este marinero senegalés en un contexto de explotación, aceptando su ingreso a bordo en febrero de 2017 a pesar de conocer las condiciones precarias en las que se encontraba. La Fiscalía sostiene que estas acciones se enmarcan en un patrón más amplio de explotación sistemática de las víctimas.

Las víctimas, de acuerdo a la Fiscalía, fueron contactadas por la empresa armadora que operaba el 'Loitador', que incluso financió sus pasajes aéreos desde Senegal hasta Cabo Blanco, en Mauritania, desde donde zarparon. Ahí, las condiciones de trabajo eran igualmente deplorables, con jornadas laborales abusivas y nula atención médica, lo que llevó a que al menos uno de los marineros desarrollara una severa desnutrición y hipotermia antes de ser rescatado.

La situación del marinero, al llegar al hospital, era alarmante; llegó en estado de coma y con severos daños cognitivos, a pesar de haber iniciado su travesía en condiciones de salud adecuadas. Estas revelaciones han impulsado la acción judicial, que culminó con la orden de detención del capitán emitida el 13 de noviembre del año pasado, siendo finalmente arrestado en España el 18 de diciembre.

En un contexto más amplio, a finales de 2023, el Gobierno español sancionó a 25 embarcaciones, la mayoría de ellas de empresas gallegas, por desactivar geolocalizadores mientras faenaban en alta mar cerca de las costas argentinas. Esto incluye al 'Loitador', de la armadora viguesa Profesionales Pesqueros, que ha estado bajo la lupa por sus prácticas cuestionables.

En un informe previo, en 2021, la Comisión Europea había alertado ya sobre prácticas irregulares en los buques pesqueros españoles, señalando que estos desactivaban sistemas de localización para evitar la detección en actividades pesqueras ilegales. La infracción hallada a bordo del 'Loitador', que navegó sin el identificador AIS entre 2020 y 2021, le costó a la empresa una multa significativa, que fue parcialmente reducida tras el reconocimiento de su responsabilidad.

Los episodios de irregularidades no se limitan solo al 'Loitador'; otras empresas han enfrentado sanciones severas, lo que pone de relieve un problema persistente en el sector pesquero que requiere atención inmediata y efectiva para garantizar la dignidad y los derechos laborales de todos los trabajadores involucrados.