En un caso que ha conmocionado a la comunidad de Cabanas (A Coruña), la fiscalía ha reafirmado su solicitud de condena contra Roger Serafín Rodríguez, acusado del asesinato y agresión sexual de Elisa Abruñedo. La víctima, madre de dos hijos, fue brutalmente asesinada y violada en septiembre de 2013, y el crimen permaneció sin resolver durante una década hasta que se detuvo al sospechoso en su lugar de trabajo.

Las cifras son escalofriantes: el Ministerio Público busca imponer una pena de 32 años, mientras que los abogados de los hijos de la difunta elevan la solicitud a 37 años de prisión. Ambas partes fundamentan su petición en varios agravantes, como la alevosía y el ensañamiento, al indicar que el perpetrador se aprovechó de la vulnerabilidad de la víctima, quien se encontraba sola y cerca de su hogar al momento del ataque.

Las pruebas presentadas en el juicio refuerzan la afirmación de que el ataque fue deliberado y despiadado. Los letrados señalaron que existió una violencia notable, causándole a la víctima un sufrimiento innecesario a manos de alguien que actuó de forma premeditada. A la vez, desestimaron la defensa del acusado, quien alegó en su momento una distorsión de la realidad.

Durante la sesión, la fiscal hizo hincapié en la clara culpabilidad de Rodríguez, resaltando la sólida evidencia recolectada en la investigación y el crucial reconocimiento de los hechos por parte del hombre tras su arresto. También subrayó que Elisa Abruñedo estaba en una situación de extrema vulnerabilidad en el instante del ataque, lo que incrementa la gravedad del caso.

Las argumentaciones de la fiscalía y de las acusaciones particulares han desmentido la versión ofrecida por el acusado, quien afirmó que Abruñedo subió a su vehículo de manera voluntaria. Testigos clave en el juicio, que abarca cinco días de deliberaciones, han coincidido en señalar la extrema violencia utilizada en el ataque, algo que se evidenció a través de múltiples testimonios y análisis forenses.

La detención de Rodríguez fue el resultado de una meticulosa búsqueda que se extendió a lo largo de diez años, culminando en su arresto en los astilleros de Navantia, donde trabajaba. Resultados de pruebas de ADN encontraron una conexión indiscutible entre él y el crimen, una revelación que logró cerrar un capítulo oscuro en la historia de la localidad.

En el transcurso del juicio, los hijos de la víctima, quienes también sufrieron la pérdida de su padre en un accidente laboral, pidieron justicia. La prueba presentada subrayó no solo el dolor de la pérdida sino también las secuelas emocionales que enfrentan años después de los trágicos eventos. Investigadores y forenses corroboraron la brutalidad del crimen, describiéndolo como una ejecución sin remordimientos por parte del agresor.

Los testimonios de especialistas confirmaron que el agresor mostró un desprecio total hacia la vida de Abruñedo y que el ataque se llevó a cabo de forma vil, con la intención manifiesta de eliminarla tras la violación. A pesar de que el acusado se negó a declarar durante el juicio, la falta de remordimiento se hizo evidente a través de la evaluación de expertos en salud mental.

Desde su arresto en octubre de 2023, Rodríguez ha permanecido encerrado, esperando las decisiones del tribunal, mientras que la comunidad aguarda con ansias un veredicto que cierre una herida profunda. La fiscal, en sus declaraciones finales, enfatizó que la maldad no tiene justificación más allá de lo que se ha demostrado en este caso desgarrador.