En un esfuerzo por mitigar los devastadores incendios forestales que afectan a Galicia, el delegado del Gobierno en la región, Pedro Blanco, ha instado a la ciudadanía a colaborar proporcionando información sobre aquellos que podrían ser los culpables de estos siniestros. Según sus datos, desde el inicio de julio, se han producido dos detenciones y nueve personas están bajo investigación.

En un comunicado oficial, Blanco destacó la ardua labor del gobierno, que mediante sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha implementado un operativo de gran envergadura con el propósito de localizar y arrestar a los individuos que provocan estos incendios que tanto daño hacen al entorno natural.

Además, el delegado subrayó que en el marco de dicho operativo, la Guardia Civil ha establecido un gabinete especializado en el Centro de Coordinación Operativa de Ourense. Este gabinete se encargará de centralizar información, coordinar las investigaciones y reforzar la colaboración con los servicios de emergencia, así como con otras administraciones que participan en la lucha contra el fuego.

“Quien intente causar un incendio de forma deliberada no quedará sin respuesta”, advirtió Blanco, quien aseguró que “cada ignición, cada atisbo de fuego y cada movimiento está siendo monitoreado”. Reiteró su compromiso de llevar las pesquisas hasta su conclusión, asegurando que cualquier persona implicada en estos incidentes enfrentará la justicia correspondiente.

Las acciones de las fuerzas del orden actualmente se enfocan en la recolección de evidencias en los lugares afectados, así como en la evaluación de datos proporcionados tanto por los equipos de extinción como por la ciudadanía. Además, se están realizando patrullajes en áreas consideradas de riesgo para evitar la aparición de nuevos focos de incendio.

Por último, el delegado hizo nuevamente un llamado a la población para que cualquier detalle que pueda facilitar la identificación de los responsables sea comunicado sin tardanza a las autoridades competentes. El Gobierno de España no solo expresa su condena firme ante cualquier acto intencionado que provoque incendios forestales, sino que también reafirma su compromiso de utilizar todos los recursos a su disposición para que los culpables sean llevados ante la ley.