El Consello de Contas ha instado de manera contundente al gobierno autonómico a incrementar la inversión en iniciativas de prevención frente a la violencia de género, un aspecto que, según el informe, tuvo un impacto casi irrelevante durante 2022.

En su presentación, Roberto Barba, director general de Lucha contra la Violencia de Género, apunta a que una de las principales razones que puede llevar a un agresor a cometer actos fatales contra su pareja es la decisión de esta de finalizar la relación.

En sus alegaciones al informe evaluativo del Consello de Contas, Barba critica que esta entidad haya señalado que el número de mujeres asesinadas podría reflejar el progreso de las políticas preventivas. Según el funcionario, el documento carece de datos verificables que sustentan tal afirmación, lo que lo convierte en una conclusión débil.

El director ha argumentado que el incremento de los asesinatos de mujeres en el contexto de violencia de género no está ligado de forma directa a la intensidad de las políticas de prevención y sensibilización, al tiempo que advierte sobre el creciente problema de actitudes machistas entre los jóvenes.

Barba, en un exhaustivo análisis interinstitucional sobre los crímenes de este tipo, ha declarado que muchos de los casos analizados revelan que la decisión de la mujer de romper la relación suele ser un desencadenante crítico que lleva al agresor a actuar de manera trágica, incluso llegando al suicidio en algunos casos.

En el informe también se enfatiza la necesidad de que la Consellería de Igualdade aumente su presupuesto para la prevención, ya que apenas un 3% de los fondos se destinaron a programas de sensibilización, siendo la mayoría utilizados para la atención y protección de las víctimas.

El informe detalla que los recursos provenientes de la Unión Europea fueron destinados principalmente a programas de apoyo y formación laboral para las víctimas, mientras que la inversión en actividades de prevención ha ido disminuyendo de manera preocupante en los últimos años.

Adicionalmente, se indica que muchas de las iniciativas en prevención y sensibilización se han centrado más en promover políticas de igualdad que en abordar de manera específica la violencia machista, lo que puede diluir la atención necesaria en este asunto tan grave.

En relación a la infraestructura, el Consello de Contas ha reportado que la mayoría de los centros de acogida para mujeres víctimas en Galicia son gestionados por entidades municipales o privadas, siendo el único centro gubernamental un servicio de emergencia, que, a pesar de estar disponible, ha estado subutilizado con un promedio de ocupación del 69,4% en el período mencionado.

El programa presupuestario vinculado a la protección de mujeres víctimas de violencia de género ha visto incrementar su ejecución, pero sorprendentemente, el número de personal asignado ha decrecido, pasando de 19 a 17 efectivos entre 2018 y 2022, lo cual plantea serias interrogantes sobre la eficiencia en la gestión de los recursos.

El informe concluye con recomendaciones claras: el departamento de Política Social e Igualdade debería trabajar para ampliar el número de posiciones disponibles dentro de la dirección general que trata la violencia de género, alineando la dotación de recursos humanos con las crecientes necesidades presupuestarias. También se recomienda una planificación más efectiva para las convocatorias de ayudas y la evaluación continua de las medidas implementadas, para asegurar su efectividad en la reintegración de las víctimas.