Un reciente informe de la Dirección General de Policía de la Generalitat de Cataluña ha revelado un incremento significativo en los pagos destinados a grandes consumidores de energía, que se encuentran vinculados a la consultora Equipo Económico.

Fecha: 22 de julio de 2012, Santiago de Compostela. En el marco del controversial 'caso Montoro', este documento detalla cómo el aumento de las primas por el servicio de interrumpibilidad puede estar relacionado con las elecciones gallegas de ese mismo año.

Según lo publicado por Europa Press, el informe examina los cambios normativos que han impactado a las empresas eléctricas, sintetizando los eventos que rodearon dichas modificaciones legislativas durante el periodo de investigación.

Particularmente se evalúa la Ley 15/2012, que establece medidas fiscales para la sostenibilidad energética. La Policía catalana destaca que la aprobación de este acto legislativo generó tensiones entre los Ministerios de Industria y Hacienda, ya que por primera vez se proponía que parte del déficit tarifario originado en la producción eléctrica se cubriera con fondos públicos.

El documento recuerda que el proyecto de ley fue objeto de múltiples propuestas de veto y modificaciones, entre las cuales destaca una presentada por el grupo Izquierda Plural, justificando su postura mediante declaraciones de Laia Ortiz.

El informe subraya que el debate tuvo lugar durante la campaña electoral para el Parlamento de Galicia en 2012. En este contexto, se cita a Laia Ortiz, quien afirmó que el incremento en las primas por interrumpibilidad respondía a un intento de compensar a la industria gallega.

Además, el medio 'La Voz' reportó que ocho grandes empresas gallegas, como Ferroatlántica y Alcoa, recibieron aproximadamente 50 millones de euros en primas por dicho servicio, como detalla el documento en cuestión.

Asimismo, el informe menciona que durante la tramitación de esta misma ley se aprobaron enmiendas de los grupos del PP y del PNV, que estaban relacionadas con tasas sobre la importación de electricidad de Europa.

Las intervenciones de varios grupos políticos durante este proceso criticaron la reforma energética, acusándola de convertirse en una "ley de Montoro", enfocada en la recaudación de nuevos impuestos. También se llamó la atención sobre el aumento del tipo impositivo del 6 al 7 por ciento y la escalada en los costos de interrumpibilidad, siendo finalmente aprobada por el Congreso el 2 de enero de 2013.

En el documento, la Dirección General de Policía hace referencia a la interrumpibilidad como una herramienta diseñada para gestionar la demanda eléctrica, alineándose con criterios de seguridad y buscando minimizar costos para el sistema.

El análisis de reformas normativas posteriores, como el Real Decreto Ley 9/2013, arrastra críticas de la diputada Teresa Jorda i Roura, quien exigió una auditoría sobre el déficit tarifario, enfatizando que determinados conceptos financieros, como los costos de interrumpibilidad, estaban generando un impacto que beneficiaba desproporcionadamente a unas pocas empresas.

El informe revela que hay cuestionamientos sobre la justificación de algunos pagos que contribuyen al déficit tarifario, ya que sus consecuencias recaen sobre los consumidores.

En relación a la Ley 24/2013, se documenta que las críticas se centraron en la retroactividad de ciertos artículos y un aumento en los presupuestos destinados al servicio de interrumpibilidad, así como una enmienda que fijaba un déficit de 3.600 millones, contraviniendo la intención del PP de eliminar dicho déficit.

Además, se registra la preocupación de senadores críticos que vincularon estos acontecimientos a la patronal UNESA, señalando que se habían detectado pagos de esta entidad a Equipo Económico, la consultora creada por el exministro Montoro.

Finalmente, el informe destaca un cambio en la postura del Gobierno en torno a las primas de interrumpibilidad, que beneficiaron a ciertos sectores industriales, evidenciando incongruencias en un contexto de crisis económica que requería un esfuerzo fiscal generalizado. A pesar de que se indicaba que la sobrecapacidad del sistema hacía innecesarios estos pagos, la Ley 15/2012 incrementó en un 70 por ciento los desembolsos para estas empresas durante un periodo crítico para la economía nacional.

Es relevante señalar que algunas de estas grandes consumidoras de energía están clasificadas como clientes de Equipo Económico, lo que trae a la luz la intersección de intereses en el sector energético bajo la administración del PP.