El debate sobre el futuro de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) ha tomado un giro significativo tras la reciente votación en el Parlamento, donde el Partido Popular (PP) hizo uso de su mayoría para rechazar una iniciativa legislativa que pretendía poner fin a la supuesta manipulación mediática. Este rechazo se da en un contexto de críticas en torno a cómo los medios públicos han cubierto eventos recientes, como la ola de incendios que asoló Galicia en agosto.

El proyecto de ley, respaldado con más de 24.000 firmas y apoyado por el BNG y el PSdeG, fue desestimado por el Grupo Popular, que acusó a Radiotelevisión Española de ser un instrumento al servicio del Gobierno, refiriéndose a ella como "Tele-Sánchez". La ausencia de apoyo político a esta iniciativa ha despertado reacciones entre los ciudadanos, que han clamado por una mayor pluralidad en los medios de comunicación públicos.

Durante la discusión del tema, varios miembros de la plataforma 'Por unha CRTVG ao Servizo do Pobo' expresaron su desacuerdo al hacer escuchar sus voces desde el público, pero fueron rápidamente instados a abandonar el recinto por el presidente, Miguel Santalices. Tereixa Navaza, representante de la plataforma, tomó la palabra para enfatizar la necesidad de contar con medios que actúen de manera objetiva y veraz, y aprovechó la ocasión para criticar cómo se había tratado la cobertura mediática de la crisis de incendios, comparándola con el desastre del 'Prestige'.

Navaza no solo cuestionó la forma en que los medios habían gestionado la información sobre los incendios, sino que también lanzó dardos a una reciente reforma legal que, según ella, ha facilitado un nombramiento polémico en la dirección de la CSAG y ha debilitado la normativa que antes protegía la objetividad de la información.

Asimismo, señaló que la nueva legislación ha eliminado requisitos esenciales como la creación de un consejo de informativos, abriendo la puerta a una posible privatización de los contenidos informativos, que deberían ser considerados un bien público. Su argumentación se centró en la importancia de asegurar que los medios públicos respeten principios de imparcialidad y veracidad.

Olalla Rodil, viceportavoz del BNG, respaldó la ILP y subrayó el control que el PP está ejerciendo sobre los medios, lo que, según ella, está siendo rechazado cada vez más por la sociedad gallega. Rodil apuntó a la cobertura de la TVG durante los incendios como un ejemplo claro de manipulación informativa y pidió un cambio urgente en el enfoque de los medios.

Por su parte, Silvia Longueira del PSdeG criticó la gestión informativa de la TVG, que, según ella, había fallado en su deber de informar adecuadamente acerca de la situación crítica que enfrentaban ciertas regiones afectadas por los fuegos. La diputada argumentó que la televisión pública debería ser un servicio al pueblo y no un instrumento al servicio de intereses políticos.

En el otro lado de la cámara, Carmen Pomar, diputada del PP, descalificó la ILP como innecesaria, ya que sostuvo que ya existía una legislación reciente que abordaba las inquietudes planteadas. Pomar también denunció las manipulaciones que, según su opinión, ocurren frecuentemente en RTVE, y cuestionó la legitimidad de los argumentos de la oposición al afirmar que no representaban la voz de la mayoría gallega.

El debate concluyó con un tono de frustración por parte de Tereixa Navaza, quien lamentó que el rechazo por parte del PP fuera un nuevo revés en la búsqueda de una democratización real de los medios públicos en Galicia, ahora más que nunca considerados como una cuestión de urgencia. Al finalizar, Navaza dejó entrever que los ciudadanos no se dejarán engañar por lo que se les impone, haciendo eco de las palabras de otros líderes que han criticado al actual gobierno nacional.