La jueza Ana López Suevos ha decidido archivar provisionalmente la causa relacionada con el caso Desproi que afecta al exalcalde de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo, así como a su equipo de concejales. La magistrada ha determinado que no hay indicios suficientes para declarándolos culpables de prevaricación o tráfico de influencias. Sin embargo, la situación del exconcejal José Manuel Pichel es diferente, ya que sigue bajo investigación por su implicación en negociaciones prohibidas por su cargo.

El sobreseimiento provisional se oficializó el pasado 25 de septiembre, en un procedimiento en el que también se escuchó a Sánchez Bugallo como testigo en el caso que llevó a la dimisión de Pichel, tras revelarse su participación accionarial en la empresa que obtuvo un contrato vinculado a la concejalía que él mismo dirigía.

La decisión judicial afecta no solo a Sánchez Bugallo, sino también a varios concejales de su administración, incluidos Milagros Castro, Gumersindo Guinarte y Mercedes Rosón, así como a la empresa Desproi Promociones SL. La magistrada ha dejado claro que no hay base suficiente para que estos funcionarios sean considerados investigados en este contexto.

La juez argumenta que las irregularidades observadas no tienen la gravedad necesaria para ser penalmente relevantes en lo que respecta a prevaricación. Asimismo, rechaza la consideración de generar responsabilidades penales tanto para Bugallo como para su equipo de gobierno.

El caso ahora avanza hacia un procedimiento ante el Tribunal de Jurado, en el que Pichel será el único en enfrentar cargos por su participación en negociaciones prohibidas. Esta decisión es apelable, lo que abre la puerta a futuras impugnaciones.

Los eventos que han dado origen a esta investigación se remontan a 2021, cuando Bugallo estaba al frente del ayuntamiento. En ese momento, Pichel, que ocupaba la concejalía de Medio Rural, se vio obligado a renunciar al descubrirse que mantenía una relación accionarial con Desproi a través de otra compañía conocida como Gaia.

Desproi había conseguido un contrato para reubicar las oficinas de Medio Rural y Parques y Jardines, después de que los departamentos se trasladaran de su antigua sede, en la vieja estación de autobuses de la ciudad.

Manuel Pichel, el exconcejal socialista, es ahora el único acusado dentro de esta investigación por el alquiler de instalaciones a Desproi. La nave en cuestión se encuentra en el polígono de Costa Vella y fue alquilada para establecer allí las nuevas oficinas municipales.

Tras su salida del gobierno, Pichel reconoció haber cometido un "error considerable" al no informar a Bugallo ni al resto de la junta de gobierno sobre su conexión con Desproi. Sin embargo, se defiende indicando que su actuación no fue malintencionada.

El Partido Popular de Santiago de Compostela fue el responsable de presentar la denuncia que dio inicio a este proceso judicial, inicialmente dirigido a todos los integrantes de la junta de gobierno local.

En respuesta a la reciente resolución del tribunal, la actual alcaldesa, Goretti Sanmartín, se ha abstenido de comentar, señalando que no ha tenido acceso a la sentencia completa. “Confío en la justicia y cuando se pronuncia, debemos aceptarlo,” aseguró durante un acto el pasado sábado.