
La conselleira de Vivienda de Galicia, María Martínez Allegue, ha hecho hincapié en la inminente conferencia sectorial que reunirá a las comunidades autónomas con el Gobierno central el próximo 2 de octubre, advirtiendo sobre lo que considera una repetición de los errores del pasado en el nuevo plan estatal para el periodo 2026-2030.
Martínez Allegue ha expresado su preocupación por la forma en que el Ejecutivo central ha gestionado la situación, señalando que la convocatoria de esta conferencia se produjo únicamente unas horas después de que las comunidades plantearan sus objeciones en una reunión técnica multipartita. La conselleira ha denunciado la falta de consideración hacia las comunidades autónomas, considerando inaceptable que el Gobierno avance sin atender las alegaciones presentadas.
Desde la Xunta se ha solicitado una reunión bilateral con el ministerio para discutir las medidas que Galicia cree necesarias para abordar el serio problema del acceso a la vivienda. La conselleira ha denunciado una falta de comunicación y cooperación, insistiendo en que el actual enfoque del Gobierno no solo no atiende las necesidades reales, sino que también corre el riesgo de agravar la situación.
Martínez Allegue ha subrayado que las soluciones no deben limitarse a ofrecer ayudas al alquiler, sino que es crucial fomentar la construcción de viviendas. Para ello, ha instado al Gobierno a implementar políticas que impulsen la actividad del sector de la construcción en lugar de desincentivarla.
La conselleira ha manifestado su deseo de que el ministerio preste atención a las propuestas de las comunidades, evidenciando una sensación de frustración ante lo que ella considera imposiciones unilaterales. "No se trata de un plan estatal, sino de una iniciativa que parece estar más alineada con la agenda de ciertos líderes del Gobierno", ha afirmado en su comparecencia ante los medios.
Galicia propone medidas concretas como ayudas financieras para promotores y para la urbanización de suelos, así como la inclusión de entidades financieras en el proceso. Sin embargo, ha criticado el aumento de las exigencias de cofinanciación, que implican una carga financiera significativamente mayor para la comunidad gallega.
En cuanto a las instrucciones que complican el proceso de contratación de obras, Martínez Allegue se ha mostrado alarmada, argumentando que establece un marco restrictivo que podría vulnerar competencias autonómicas y podría, incluso, considerarse ilegal. Esta opinión se suma a su denuncia sobre el retraso en las ayudas, que pone en peligro la posibilidad de implementar cualquier plan en un plazo razonable.
La conselleira concluyó su declaración expresando su descontento frente a la falta de diálogo por parte del ministerio, sugiriendo que esta actitud es un desaire hacia las comunidades autonómicas. A pesar de estos desafíos, ha confirmado que Galicia participará en la conferencia sectorial con la esperanza de que sus demandas sean escuchadas.
Asimismo, el Gobierno gallego ha reiterado su disposición para trabajar en conjunto, instando a dejar de lado la demonización hacia propietarios y promotores y abogando por una colaboración efectiva para hacer realidad más viviendas. En este contexto, la conselleira ha reiterado la urgencia de abordar la crisis de vivienda con seriedad y compromiso.
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