El pasado 25 de septiembre se conoció la decisión de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que tiene su sede en Vigo, sobre el caso de Abel P.R., un individuo acusado de tráfico de drogas y resistencia a la autoridad. En un acuerdo de conformidad, el tribunal ha decidido otorgarle la libertad provisional a cambio de aceptar una pena de tres años de prisión.

La detención de Abel P.R. se produjo en marzo de este año en un hotel de Vigo, donde la Fiscalía revela que se encontró en su posesión una suma de 235 euros, los cuales supuestamente derivan de la venta de sustancias ilegales. Además, las autoridades hallaron en su poder dos teléfonos móviles, una balanza de precisión, distintas drogas y una bolsa de plástico que contenía cocaína.

La intervención policial se llevó a cabo tras el aviso del personal del hotel, que reportó que el acusado se negaba a abandonar su habitación. Durante la actuación, Abel P.R. entregó los objetos solicitados, a excepción de la bolsa que contenía cocaína; en un intento de ocultar la evidencia, rompió la bolsa, ingirió parte de su contenido y lanzó el resto hacia los agentes. También se produjo un forcejeo, en el que el acusado intentó agredir a los policías con puñetazos, patadas y mordiscos, en un intento de liberarse.

Inicialmente, la Fiscalía había solicitado una pena total de cinco años por los delitos de tráfico de drogas y atentado. No obstante, tras llegar a un acuerdo, la petición fue modificada a tres años de cárcel por tráfico de drogas, aplicando una atenuante de drogadicción, además de imponer una multa de 15.000 euros. En lugar del cargo de atentado, se le ha imputado resistencia y dos delitos de lesiones leves, sumando nuevas multas de 2.100 euros y obligándole a indemnizar a dos agentes afectados con 100 y 50 euros, respectivamente.

Abel P.R. se encontraba en prisión provisional desde su detención y ha admitido los hechos, mostrando su conformidad con las penas propuestas. El tribunal también ha decidido suspender la ejecución de la pena de prisión durante tres años, bajo la condición de que el acusado se someta a un programa de rehabilitación, no cometa más delitos durante este período y efectúe el pago de las indemnizaciones, lo que le permitirá salir en libertad provisional.