La Unidad Central Operativa (UCO) ha recibido la orden de investigar los contratos de obras públicas mencionados por De Aldama, en el marco del denominado 'caso Koldo'. Esta instrucción viene del magistrado Leopoldo Puente del Tribunal Supremo, quien ha encontrado indicios de actividad delictiva en la gestión de la ex presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera. En particular, se cuestiona la contratación de Jéssica Rodríguez, antigua pareja del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en dos entidades públicas: Ineco y Tragsatec.

En un reciente auto obtenido por Europa Press, Puente ha remitido al juez Ismael Moreno, encargado del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, toda la información recopilada sobre esta contratación. El objetivo es que el magistrado evalúe si hay motivos suficientes para imputar a Pardo de Vera por posibles irregularidades en su actuación.

Es importante recordar que el Tribunal Supremo asumió la investigación relacionada únicamente con Ábalos, debido a su inmunidad como diputado, mientras que el resto del caso quedó en manos de la Audiencia Nacional, donde se dio inicio a las pesquisas. Así, Puente ha decidido remitir a Moreno la parte vinculada con la contratación de Rodríguez en las empresas estatales.

Según el magistrado, hay pruebas que sugieren que Pardo de Vera pudo haber jugado un papel crucial en lo que parece ser una contratación irregular y caprichosa. Se señala que esta decisión estuvo influenciada por Ábalos, quien actuó junto a Koldo García, también bajo investigación, sin que Rodríguez realizara ninguna actividad laboral durante su periodo de contratación.

Además, Puente ha solicitado a la UCO que investigue la adjudicación de obras públicas que aparecen resaltadas en los documentos aportados por De Aldama. La UCO debe identificar a las empresas que recibieron estos contratos y supervisar todo el proceso de adjudicación.

Este avance se produce tras una pericia caligráfica que identifica las anotaciones en documentos sobre la preadjudicación de contratos a empresas relacionadas con la trama con el nombre de Koldo García, ex asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes.

El magistrado ha programado para el 6 de mayo la comparecencia de Claudia Montes, otra ex pareja de Ábalos que fue contratada por la empresa pública Logirail, y de César Moreno, socio de Víctor de Aldama, quien supuestamente facilitó los contactos en esta red. A pesar de las solicitudes de la defensa de Ábalos, Puente ha determinado que no es pertinente convocar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a prestar declaración.

La inclusión de Montes se justifica por la posibilidad de que su contratación en Logirail estuviese vinculada a la influencia de Ábalos y la colaboración de Koldo, formando parte del círculo cercano del ex ministro. En cuanto a César Moreno, su testimonio podría arrojar luz sobre las supuestas entregas de 10.000 euros mensuales que De Aldama o sus asociados podrían haber realizado a Koldo.

Respecto a las solicitudes de la defensa de Ábalos, Puente concluye que no son relevantes para el esclarecimiento del caso, a pesar de que el informe de la UCO señala que durante la pandemia el Ministerio del Interior adquirió una cantidad significativa de mascarillas de la empresa de De Aldama, Soluciones de Gestión. Sin embargo, el magistrado declara que no hay evidencias suficientes que justifiquen la apertura de nuevas diligencias en relación con este asunto.