Las voces de los trabajadores en Galicia resuenan cada vez más fuerte a medida que denuncian la precariedad de sus condiciones laborales. Aseguran que, a pesar de estar en empleos considerados "estructurales", no tienen acceso a los derechos fundamentales que debería otorgarles cualquier puesto de trabajo. Su situación revela un problema persistente en el ámbito del empleo temporal, especialmente en la región.

Recientemente, nuevos informes han señalado que la cifra de contratos gestionados a través de empresas de trabajo temporal en Galicia ha alcanzado un récord histórico. En 2024, se registraron 176.525 contratos, un incremento del 1,35% respecto al año anterior, según el Ministerio de Trabajo. Esta cifra es especialmente alarmante si se considera que la reforma laboral de 2021 prometió reducir la temporalidad y la precariedad en el sector.

El aumento en el uso de contratos temporales a través de ETT también trae consigo una serie de preocupaciones. De acuerdo con estadísticas gubernamentales, en 2021, tras la implementación de la reforma laboral, el número de contratos había llegado a 197.741, marcando un máximo en la serie histórica desde 2016. La intención del Gobierno era abolir la inestabilidad laboral, pero los resultados han sido mixtos.

A pesar de las promesas de un mejor futuro laboral, muchos trabajadores en Galicia sienten que su situación no ha mejorado. Empleados de sectores muy habituales para la contratación temporal, como la hostelería y el turismo, expresan que sus trabajos no son simplemente respuestas a picos estacionales, sino que son esenciales para el funcionamiento diario de las empresas. Sin embargo, esas empresas no reconocen esta realidad, dejándolos sin acceso a derechos laborales básicos como vacaciones remuneradas o protección en caso de despidos.

Los trabajadores señalan que los salarios ofrecidos por las ETT pueden ser atractivos a primera vista, ya que incluyen una variedad de conceptos. Sin embargo, esta fachada se desmorona cuando se acercan a la realidad de sus contratos. Un ejemplo alarmante fue el de un empleado que, tras denotar un robo en su lugar de trabajo, fue despedido abruptamente con una mísera indemnización por su denuncia, una situación que pone de manifiesto los incentivos inadecuados de estas prácticas laborales.

Desde la reforma de 2021, las empresas han encontrado una vía para utilizar mano de obra temporal de manera indefinida, a pesar de que la ley estipula que la cesión de trabajadores debe limitarse a necesidades temporales. Las ETT han extendido sus prácticas en varias industrias, lo que ha generado un ciclo de precariedad que parece no tener fin.

Francisco González Sío, secretario confederal de Empleo de la CIG, ha afirmado que en los sectores industriales, particularmente en automoción y conservación, la situación es alarmante. Las ETT continúan impugnando convenios laborales que buscan establecer límites en su operativa, lo que refleja una lucha constante entre derechos laborales y prácticas desleales de contratación.

Muchos trabajadores, como una empleada que ha estado en contratos temporales desde 2020, explican que la inestabilidad es la norma. Sus acuerdos se limitan a una duración ridícula, haciendo casi imposible el desarrollo profesional o la planificación a largo plazo.

En Stellantis, la denuncia de prácticas laborales abusivas a través de ETT ha cobrado fuerza. Los representantes sindicales señalan que la empresa realiza contratos que, aunque parezcan temporales, tienen todos los elementos de un empleo estructural. La alta rotación de personal en estos puestos plantea serias dudas sobre la legalidad y ética de estas prácticas laborales.

A pesar de la creciente preocupación, tanto Stellantis como las ETT implicadas insisten en que cumplen con las normas laborales. Sin embargo, el testimonio de los empleados sugiere una realidad que contrasta con esta afirmación. Los trabajadores describen una situación en la que, a pesar de estar en roles clave, se sienten tratados como meros números en un sistema laboral que favorece la explotación.

En el ámbito público, prácticas similares se observan en áreas como el sector de la salud, donde numerosos trabajadores acceden a puestos de manera temporal antes de ser contratados directamente. Esta dinámica, que incluye despidos estratégicos para evitar sacar a los empleados de la legalidad laboral, levanta serias preocupaciones sobre la ética de estas contrataciones.

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Sanidade, ha indicado que no tiene constancia de ninguna irregularidad en este tipo de contrataciones, aunque muchos trabajadores están convencidos de lo contrario. La falta de un seguimiento riguroso permite que estas prácticas persistan y afecten a miles de trabajadores en la región.

Por su parte, Asempleo, la asociación que representa a las ETT, defiende su papel como facilitadoras del empleo en un mercado laboral que necesita flexibilidad, especialmente en épocas de alta demanda. Sin embargo, este argumento se ve socavado por un incremento innegable en el número de contratos temporales, lo que plantea dudas sobre su verdadera eficacia y valores en la promoción de un trabajo digno en Galicia.