En una reciente declaración desde Santiago de Compostela, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha revelado un alarmante dato: 177 millones de euros es la cantidad que los ayuntamientos y diputaciones de Galicia dejarán de recibir a raíz de la no aprobación del decreto ómnibus en el Congreso. Este decreto es crucial, ya que su derogación significa la anulación de la actualización de las entregas a cuenta previstas para el año 2025 y la liquidación de la participación en los ingresos del Estado correspondiente a 2023.

Según se detalla en su comunicado, la Fegamp ha subrayado que, con la derogación de las actualizaciones esperadas para el año 2025, la cantidad prorrogada a las entidades locales gallegas se limitará a lo asignado para enero de 2024. Esta situación representa una drástica reducción en los recursos que deberían haber llegado a los municipios.

El impacto económico es significativo; se estima que los ayuntamientos y diputaciones gallegas dejan de recibir aproximadamente 62,5 millones de euros que se incluían en el Real Decreto-Ley 4/2024, del pasado 26 de junio, cuya vigencia ha quedado anulada. Este recorte afecta, de manera desigual, a los diferentes municipios según su tamaño demográfico.

La Fegamp ha proporcionado cifras concretas sobre las pérdidas esperadas: los municipios con menos de 5.000 habitantes sufrirán casi 2 millones de euros de pérdidas; aquellos de entre 5.000 y 20.000 habitantes verán una pérdida superior a 7,5 millones; los que tienen entre 20.000 y 50.000 habitantes perderán más de 4 millones; los de entre 50.000 y 75.000 habitantes más de un millón; y los municipios con más de 75.000 habitantes sufrirán un impacto de más de 14,5 millones. Además, las diputaciones gallegas verán mermados sus recursos en casi 32,5 millones de euros.

El presidente de la Fegamp, Alberto Varela, ha añadido que, además de esta situación, se queda sin efecto la liquidación definitiva de la participación en los ingresos del Estado correspondiente al año 2023 para ayuntamientos y diputaciones gallegas. A la fecha actual, no se ha establecido regulación alguna para esta liquidación, lo que implica que las entidades locales gallegas enfrentan otra pérdida considerable de casi 115 millones de euros. De esta cifra, alrededor de 58 millones corresponden a las diputaciones, más de 33 millones a los ayuntamientos con menos de 75.000 habitantes y casi 24 millones a los ayuntamientos que superan esta cifra.

Ante esta alarmante realidad, la Fegamp hace un llamado a la responsabilidad de los partidos políticos en el Parlamento, pidiendo que se eviten más agravio económicos hacia las entidades locales en Galicia, y solicita el firme compromiso del Gobierno para una solución urgente a esta crítica situación.