Crónica Galicia.

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Finaliza el juicio sobre 'los charlines' con la hija mayor del líder del clan derramando lágrimas ante la inminente sentencia.

Finaliza el juicio sobre 'los charlines' con la hija mayor del líder del clan derramando lágrimas ante la inminente sentencia.

MADRID, 8 Nov. - El juicio contra el clan de 'los charlines' que comenzó en septiembre en la Audiencia Nacional, ha quedado listo para sentencia este miércoles. Durante su turno de última palabra, Josefa Charlín Pomares, la primogénita del líder del clan, se disculpó ante la Sala entre lágrimas.

Aunque algunos de los acusados decidieron guardar silencio en esta última sesión del juicio oral, varios aprovecharon para distanciarse una vez más del supuesto blanqueo de capitales resultante del tráfico de drogas, del que la Fiscalía acusa a la familia.

"Lo que declaré es cierto. Yo nunca he lavado dinero ni nada, porque nunca he tenido dinero, así de simple", defendió Melchor Charlín Pomares. Por su parte, Oscar Felipe Charlín Pomares afirmó que no hay pruebas que demuestren que haya "invertido dinero en actividades de blanqueo". "Lo único que he hecho ha sido trabajar, eso es todo", añadió.

Otro de los acusados, el empresario Ramón Rodríguez Paz, aseguró que solo buscaba "cobrar una deuda" con su constructora. "Nunca sospeché que María Teresa Charlín estuviera relacionada con actividades delictivas. Durante todo ese tiempo, verifiqué que trabajaban en la compraventa de mariscos de sol a sol, y a lo largo de ese periodo pude comprobar que fue absuelta. El dinero que me pagaron en 2009 provenía de la venta de mariscos. Nunca oculté nada, nunca intenté ocultar nada", agregó.

El abogado Santiago Do Campo, quien fue el último en hacer uso de su derecho a la última palabra, negó ser "testaferro" del clan y aseguró que su gestión se basó "exclusivamente en la compra y venta de mercancía". "He estado atrapado en esta situación procesal durante 15 años, y las medidas cautelares me han impedido llevar una vida profesional y han destrozado mi vida personal", lamentó.

A pesar de no usar su turno de última palabra, el también abogado y acusado Roberto Adán aprovechó la presentación de su informe final para criticar los "largos años de sufrimiento en el banquillo" que ha tenido que soportar. "Soy abogado y llevo ejerciendo 26 años, llevo 13 años imputado. Imagínese las consecuencias que eso tiene en Pontevedra", afirmó.

En este juicio, la Fiscalía Antidroga solicitó al tribunal una sentencia condenatoria contra los acusados, argumentando que el patrimonio familiar "procede del tráfico de drogas" y que el clan de 'los charlines' se enriqueció ilícitamente al llevar a cabo el blanqueo de dinero del narcotráfico.

La Fiscalía modificó ligeramente sus conclusiones durante la presentación de su informe final, solicitando dilaciones indebidas para algunos acusados y agravantes para otros. Cabe recordar que, en su petición inicial, Antidroga pidió penas de prisión de entre 5 y 6 años para cada uno de los acusados, quienes incluyen hijos y nietos del líder familiar -ya fallecido-, así como multas de entre 10 y 12 millones de euros para cada uno de ellos.

Según la Fiscalía, como resultado de la actividad del narcotráfico, "los acusados del clan familiar de 'los charlines' se han enriquecido con el dinero obtenido de la venta de drogas", y para ocultar el "importante patrimonio ilícito obtenido (...) crearon una red de personas, empresas y otras entidades jurídicas intermedias con el objetivo de evitar que el dinero proveniente de esta actividad ilícita estuviera a su nombre en ningún momento".

La Fiscalía afirma que pudieron introducir "enormes ganancias" en la actividad comercial y crearon una apariencia de legalidad para estos ingresos, logrando ocultar su origen. Agrega que siempre era el capo Manuel Charlín Gama quien tenía la última palabra, a pesar de estar cumpliendo condena en prisión, ya que era consultado sobre el destino y las acciones relacionadas con ciertos bienes.

La Fiscalía Antidroga solicita el decomiso definitivo de todos los elementos patrimoniales que se utilizaron para facilitar el blanqueo de dinero obtenido por el narcotráfico, incluyendo una planta depuradora de mariscos en la Isla de Arosa (Pontevedra), varios apartamentos, trasteros y garajes en Vilanova de Arousa, fondos bloqueados en Suiza y cantidades equivalentes a las invertidas en China, ascendiendo a casi 2 millones de euros.