El fiscal encargado del juicio por el accidente del tren Alvia, Mario Piñeiro, justificó la actuación de Adif, el administrador de la infraestructura, y específicamente su ex director de seguridad en la circulación, Andrés Cortabitarte, en el caso. Piñeiro argumentó que existe un "galimatías jurídico" en materia de seguridad ferroviaria que justifica la falta de aplicación del reglamento europeo 352 de 2009 relativo a la adopción de un método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo.

Esta falta de aplicación, según Piñeiro, se debió a un conflicto sobre su aplicación y un periodo transitorio hasta 2012, lo que llevó al fiscal a concluir que Adif no defraudó la normativa aplicable con los criterios que aplicó para evaluar riesgos, y por ende, que no hay responsabilidad penal en Cortabitarte.

En cuanto a la decisión de Cortabitarte de desconectar el sistema ERTMS en su modalidad embarcada, Piñeiro señaló que "no tiene relevancia penal" y que "estaba justificada, independientemente de que se pueda discutir si era lo mejor, porque el sistema daba fallos de fiabilidad". Dicho esto, Piñeiro declaró que "no necesitamos entrar en esta cuestión".