El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado la inversión de más de 133 millones de euros que su gobierno destina a la educación en Galicia para el presente año, en un contexto de inicio de curso escolar que ha visto regresar a459.000 estudiantes a las aulas. Sin embargo, esta jornada ha estado marcada por protestas de algunos padres y grupos educativos que reclaman más recursos y apoyo para los alumnos.

Este lunes, la comunidad educativa de Galicia se reintegró a las clases, en un ambiente en su mayoría tranquilo, según reportes de la Xunta. No obstante, en varios centros han surgido demandas para aumentar el número de profesores de apoyo, lo que ha llevado a que algunas familias en Rianxo decidieran no enviar a sus hijos al colegio como medida de protesta.

El CEIP Ana María Diéguez de Rianxo se ha convertido en un símbolo de estas reivindicaciones, donde la Asociación de Padres y Madres, ANPA Fonte da Revolta, solicita el desdoble de un aula de 5º de Primaria debido a que, aunque se registran 24 alumnos, el conteo se incrementa artificialmente a 28, lo que complica el correcto desarrollo educativo. Además, demandan recursos continuos en áreas como Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica.

La situación parece estar lejos de resolverse, dado que la CIG-Ensino, sindicato mayoritario del sector educativo en Galicia, ha convocado una manifestación para el 13 de septiembre en Santiago, anticipando lo que podría ser una futura huelga el 25, en protesta por lo que consideran políticas de recorte del gobierno gallego.

Por otra parte, el Ejecutivo autonómico mantiene que, a pesar de la disminución de la natalidad en la región, este curso será una de las épocas con mayor número de profesores en la historia, alcanzando un total de 31.766, lo que incluye un incremento de 153 nuevos docentes, según afirmaciones de Rueda.

En total, la Xunta contará este año con 302.843 alumnos, un ligero descenso en comparación con el ciclo anterior. Estos números no incluyen a los estudiantes de Formación Profesional y Universidad, cuya matriculación está aún en proceso.

Entre las novedades de este año escolar, destaca el avance del acuerdo de ratios que fue firmando entre la Xunta y sindicatos como CCOO, ANPE y UGT, el cual contempla la reducción de la cantidad máxima de estudiantes por clase en niveles de 3º y 4º de Infantil.

Asimismo, se han implementado cambios en el programa 'E-Dixgal', que proporciona libros de texto digitales a las instituciones. Ahora, los colegios tienen la opción de utilizar hasta tres libros diferentes, una medida que ha sido adoptada por el 84% de las instituciones que participan en el programa.

El inicio del curso también fue un momento de reflexión política, con Rueda inaugurando el año escolar en el CPI Plurilingüe de Vedra, donde expresó su deseo de éxito para la comunidad educativa. Durante una reunión posterior del Consello de la Xunta, subrayó la significativa inversión de 133,3 millones de euros en educación, distribuida en 48 programas diseñados para apoyar a alumnos y familias.

Entre los distintos programas de apoyo, el presidente enfatizó que el servicio de comedor representa una gran parte del presupuesto, con cerca de 55 millones de euros destinados a beneficiar a más de 67.000 alumnos, la mayoría de los cuales acceden a este servicio a un bajo coste, gracias a la congelación de precios y bonificaciones por ingresos.

También se ha destinado aproximadamente 30,5 millones de euros a ayudas para libros y material escolar, con nuevas desgravaciones fiscales para familias que antes quedaban excluidas del programa. Rueda añadió que se han creado 13 líneas de ayudas para fomentar el aprendizaje de idiomas en el extranjero y otros intercambios culturales, significando una inversión adicional de 4 millones de euros.

A pesar de estas afirmaciones de inversión, líderes de la oposición como Ana Pontón del BNG y José Ramón Gómez Besteiro del PSdeG han manifestado su preocupación por lo que consideran falta de recursos adecuados para la educación pública, criticando los recortes y la disminución de aulas en lugar de fomentarlas. Pontón acusó al gobierno del PP de priorizar la educación privada sobre la pública, mientras que Besteiro denunció el deterioro de los servicios educativos y la carencia de personal de apoyo, exigiendo un redireccionamiento de fondos hacia la educación pública.